Las modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado, realizadas en enero, tienen el propósito de fomentar la competencia en la contratación pública y reducir los actos de corrupción. Ana Teresa Revilla, presidenta ejecutiva del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) conversó con SEMANAeconómica sobre los cambios a esta regulación.
¿Qué criterio ha guiado las modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado?
Un criterio muy importante a tener en cuenta para la contratación pública es la competencia. Hemos tenido muy poca competencia entre los proveedores que participan en los procesos de selección que convoca el Estado. Aún no llegamos a tres empresas por proceso de selección. Cuando se dan dádivas a un funcionario o hay una vinculación directa entre el proveedor y el funcionario o la entidad pública, no se fomenta la competencia y el precio no es el más bajo.
Por eso hemos hecho cambios a nivel normativo. Por ejemplo, una de las modificaciones ha establecido que las personas naturales o jurídicas que utilicen testaferros que sean la continuación de otra persona o empresa inhabilitada, estén impedidas de participar en procesos. También están impedidas las personas o empresas que no han cumplido con la norma de contrataciones, y para ello crean una nueva empresa. A partir del caso Odebrecht, también se le impide de participar en procesos a las personas naturales y jurídicas involucradas en procesos penales o que hayan reconocido algún delito.
También han ampliado la base de personas que puede contratar con el Estado.
En esta nueva ley sólo están impedidos de participar los familiares de funcionarios públicos de hasta segundo grado de consanguineidad. Antes era hasta el cuarto grado de consanguineidad. No es justo que cuando una persona decide postular [a un cargo público], toda su parentela hasta cuarto grado de consanguineidad esté impedida. Se reduce la cantidad de gente que puede participar.
¿Cómo se logra evitar conflictos de interés en los procesos de contratación?
De lo que se trata es que las entidades tomen responsabilidad directa sobre la contratación pública. Una de las cosas que hemos visto es que las oficinas de logística de algunas entidades exigen que el área usuaria —el área de la entidad que requiere hacer una contratación— sea la que haga los términos de referencia o las especificaciones técnicas del contrato. Esto generaba que el asesor del ministro haga las especificaciones técnicas de un horno microondas o de un hervidor de agua. Es absurdo.
¿Qué del proceso de contrataciones no estaba funcionando anteriormente, para que hayan ocurrido casos de corrupción tan grandes como la compra de computadoras de parte del Congreso?
Hay cosas que no pasan por la Ley de contrataciones, como la carretera Interoceánica. Normalmente las grandes obras se han exonerado. Sin embargo, la corrupción siempre ha existido y va a existir, y tenemos que transparentar la información. Es fundamental tener una plataforma que funcione adecuadamente para que se pueda monitorear los procesos de contratación. Hemos transparentado la información de todos los procesos que están registrados en el Sistema de contrataciones del Estado (Seace). Esto depende de cada entidad encargada del proceso. Si se necesita una modificación, eso se hace en conjunto con la Contraloría, que también está en el Seace. Queremos además un Seace más ágil, que nos permita ver los documentos en línea y usar la data en cada documento de manera más interactiva. Pero eso va a demorar.
¿Qué cambios ha habido en el mecanismo de arbitrajes?
Un tema importante que se fue modificando a lo largo de los años fue las discrepancias entre las empresas y el Estado que van a arbitraje. Los arbitrajes no eran públicos. Fue el OSCE el que transparentó toda la información. Ahora, para que se aplique el laudo arbitral [es decir, la decisión del árbitro], tiene que estar publicado. Quisiéramos que también esté publicado digitalmente en el Seace. Nos interesa que sean identificables los árbitros que participan, los montos establecidos, y las decisiones que se toman, porque tiene que haber una predictibilidad en el arbitraje. Una de las modificaciones importantes de la Ley es que el OSCE va a designar árbitros de manera residual, porque son caros. A algunas empresas a veces no les alcanza pagar el laudo.
¿Qué otros aspectos de la contratación pública se está trabajando?
Tenemos que insistir en la homologación. Esta te permite establecer las características de los determinados bienes y servicios que necesita el Estado. Hoy en día el Ministerio de Energía y Minas ya ha establecido 24 lámparas homologadas. Cualquier entidad pública que necesite comprar una lámpara tendrá que comprar lámparas con esas características técnicas. Esto es la respuesta a muchísimos problemas de compra pública. Lo que tenemos que apostar es a que las entidades rectoras identifiquen cuales son los productos que se deberían homologar.
Fuente Semana Económica
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