La gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio Delgado, descartó que el pago de laudos arbitrales vaya a perjudicar la ejecución de obras.
Durante 2016, el Gobierno Regional de Arequipa perdió siete laudos arbitrales con distintas empresas, que lo obligan a pagar S/ 10 millones 361 mil.
Osorio dijo que de acuerdo a ley, puede destinar hasta el 3% del presupuesto anual para el pago de deudas. Las generadas por los laudos ingresarán al listado de pasivos, donde también se considera la deuda social a trabajadores y exservidores del Estado. «Se va a ir pagando según ese porcentaje a todos los acreedores», dijo.
Entre las empresas que esperan el pago del GRA figuran Egasa (S/ 3 millones 282 mil), el Consorcio Arequipa-La Joya, (S/ 3 millones 900 mil), Perú Inca (S/ 397 mil), Concesionario Vehicular del Sur (S/ 40 980), Roca Ingenieros (S/ 48 741). La mayoría de estos procesos datan de la gestión anterior.
De acuerdo a la oficina de Administración, entre las deudas más antiguas figura una a la empresa AG Industriales y Servicios por un monto de S/ 967 mil 821. Data del 2012. En tanto, una de las empresas más insistentes en cobrar el laudo es el Consorcio Arequipa-La Joya, cuyos integrantes afrontan procesos judiciales. Todos estos casos corresponden a la gestión de Juan Manuel Guillén.
La gobernadora Osorio negó que las empresas puedan recurrir al embargo de sus cuentas, pues el presupuesto está en una cuenta única del tesoro, que está protegida.
ARBITRAJE EN SU GESTIÓN
El primer proceso arbitral interpuesto contra la gestión de Osorio fue el de la empresa Freyssinet Tierra Armada del Perú S.A.C, que proveería de muros de concreto para la obra de la Variante de Uchumayo. El GRA perdió este proceso del 2015 y deberá pagar S/2 millones 453 mil 553.
Según Osorio, este caso salió en contra de la entidad, porque la empresa ya había puesto material en la obra bajo conformidades otorgadas por los residentes. «Al parecer, el tribunal arbitral valoró esto», dijo.
Para la gobernadora, en este caso era imposible seguir adelante con el contrato firmado en 2013 (gestión de Guillén). No se respetó la Ley de Contrataciones del Estado. «Se contrató a una empresa por 10 millones de soles a dedo, sin pasar por un proceso de exoneración en el Consejo Regional, sin acreditar cotizaciones de otras empresas».
Añadió que si hubiera admitido ese contrato, ahora estaría denunciada penalmente como ocurrió con Jorge Luis Aguilar Gallegos, exgerente general del GRA en la gestión de Guillén Benavides.
Fuente La República
