La publicación del Decreto Supremo Nº 027-2017-PCM, que establece el pago de recompensas para capturar a los responsables de delitos de corrupción grave, cometidos por funcionarios o particulares, es una muestra de que no nos vamos a amilanar frente a este flagelo, afirmó el analista político Luis Nunes.
Al comentar los alcances de la norma, aparecida en el Diario Oficial El Peruano, sostuvo que “el Gobierno es el llamado a encabezar una lucha frontal contra la corrupción y todos los mecanismos y herramientas que contribuyan a ese objetivo es motivo de apoyo”.
Legado
“A las nuevas generaciones, a la gente más joven, no podemos dejarles un país con una especie de mancha, de un fantasma de la corrupción, cometida por malos gobernantes o malas personas que han actuado, sobre todo, con los dineros públicos. Así que aplaudo y felicito esta iniciativa”.
Nunes, así como el Ministerio del Interior, sacó la propuesta dirigida a atrapar a los delincuentes comunes, “ahora que estamos afrontando este problema de corrupción de cuello y corbata, es importante también que se les ponga precio a esas cabezas y que esas personas sean detenidas, enjuiciadas y paguen la reparación civil de lo que han robado al Estado”.
En diálogo con El Peruano, recalcó que el Decreto Supremo Nº 027-2017-PCM “es una muestra de que no nos vamos a amilanar frente a los tentáculos de la corrupción, que están tanto en el medio público como en el privado, o en confabulación de uno con el otro”.
Pueden aparecer los escépticos y críticos a la norma, que no abonan a favor de la gobernabilidad y la democracia, pero “la iniciativa me parece digna de toda felicitación”, recalcó.
Modificación
El Decreto Supremo Nº 027-2017-PCM determina aplicar el beneficio de recompensas, establecido en el Decreto Legislativo Nº 1180, para promover y lograr la captura de los responsables de delitos de corrupción grave que atentan o puedan atentar contra el correcto funcionamiento de la administración pública y/o tesoro público, ejecutado mediante el aprovechamiento indebido de la función encomendada o de los procedimientos administrativos de las entidades estatales.
Delitos
La norma precisa que los delitos son los de concusión, colusión simple y agravada, peculado, malversación y cohecho pasivo propio.
Se suman soborno internacional pasivo, cohecho pasivo impropio, cohecho pasivo específico y corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales.
Además, el tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, y otros.
Fuente El Peruano
