Todos los días no solo nos llega información respecto a actos de corrupción, sino que también estamos expuesto a ser parte de ella. Por ejemplo, si deseamos que se cumplan los plazos o las normas administrativas, muchas veces los ciudadanos nos vemos impulsados a participar en la corrupción porque debemos “dar nuestra contribución”, como una práctica generalizada.
En tal sentido, el paquete de decretos contra la corrupción es de suma importancia, ya que nos ayudará a combatirla en contrataciones de obras públicas, así como en todas las acciones de nuestra vida cotidiana.
La corrupción, sin duda, está en todos los niveles de la administración pública y así lo vemos en las noticias recientes. Son conocidos los 29 millones de dólares otorgados a malos funcionarios por la constructora brasileña Odebrecht, lo cual es vergonzante.
Lamentablemente, esta condenable conducta está destruyendo las reservas morales del país, por ello, la Ley de Procedimientos Administrativos es un gran avance para uniformar las reglas en las municipalidades, evitar la interpretación antojadiza de un funcionario, y conquistar la honestidad.
Por ejemplo, Nueva Zelanda ocupa en la actualidad, y de forma habitual, los mejores puestos en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional; es un país pionero en la creación de procesos presupuestarios sin cuestionamientos, desde que aprobó en 1994 la Ley de Responsabilidad Fiscal. Esta norma proporciona un marco legal para la gestión cristalina de los recursos públicos.
Con respecto a nuestro país, es importante eliminar barreras burocráticas, ya que es una clara correlación entre la presencia de corrupción y el grado de burocracia, reflejada en los indicadores para eliminar todas las normas innecesarias.
Pero no se debe dejar de proteger las funciones reguladoras esenciales del Estado porque las normas que imperan en numerosos países al crear, registrar, así como solicitar permisos para una nueva empresa o propiedad, es a veces un vía crucis insostenible.
La razón es que los gobiernos no se han detenido a pensar si los requisitos que se establecieron tengan algo que ver con las necesidades actuales.
En tal virtud, los ciudadanos estamos cansados de recibir información del extranjero, en la que dan cuenta de corrupciones cometidas en el Perú en los últimos 15 años.
Parafraseando al célebre filósofo Platón, podríamos decir: “La obra maestra del corrupto es parecer honesto sin serlo”, y es así como la televisión transmite casi como capítulos de novelas las imágenes de los políticos, que con toda seguridad dicen, con su libreto en mano, “no estamos comprometidos con la corrupción”, cuando el pueblo lo siente y percibe de otra manera.
Los ciudadanos estamos cansados de recibir información del extranjero en la que dan cuenta de corrupciones cometidas en el Perú en los últimos 15 años. Como hemos dicho antes, al parafrasear al célebre filósofo Platón: “La obra maestra del corrupto es parecer honesto sin serlo”, y es así como la televisión transmite casi capítulos de novelas, en los que políticos, con toda seguridad, dicen con su libreto en mano no estar comprometidos con la corrupción, cuando el pueblo lo siente y percibe de otra manera.
Es duro señalar que la corrupción se ha convertido casi en cárteles que actúan de manera muy parecida a las mafias de las drogas, donde los elementos de bajo nivel están dispuestos al sacrificio para evitar que el ‘pez gordo’ caiga.
Además, existe una probable relación con la administración de justicia, pues en algunos casos las leyes parecen interpretarse de manera antojadiza y discrecional. En tal sentido, la pensadora en reforma del Estado Rose-Ackerman (1998) aconseja: “Una estrategia más obvia, eliminar las leyes y los programas que engendran corrupción”.
Sin duda, nuestro reto es convertir al Perú en un país decente y, de esta manera, devolver la confianza en sus instituciones, derrotando la impunidad. Según el portal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), “el Gobierno Nacional ha promovido en los últimos dos años más de 500 investigaciones por delitos de corrupción ocurridos durante el período 2005-2011, por un monto superior a 1,434 millones de soles”. Por eso es importante la ampliación de la ley de muerte civil orientada a garantizar que personas sentenciadas por corrupción no trabajen en el Estado.
De acuerdo con la PCM, de cada 10 peruanos siete son tolerantes a la corrupción; por este motivo, la aprobada Ley de Crimen Organizado es una alternativa eficaz para limpiar la administración pública, utilizando por primera vez la figura del agente encubierto, desactivando redes de corrupción enquistadas en algunas entidades del Estado.
Todas estas acciones del Estado permitirán reconquistar nuestra dignidad, ser personas honestas y emprendedoras, ya que un país próspero no tiene corrupción.
Fuente El Peruano
