La Licitación Pública N.º 06-2013 y la ejecución de la obra de mejoramiento de la pavimentación y veredas del casco central de Chiclayo en la gestión del ex alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Roberto Torres Gonzales, investigado por la organización criminal “Los Limpios de la Corrupción”, forman parte de presuntos hechos al margen de la norma, los que generaron un perjuicio económico de 2 millones 485,740 soles. Así concluyó la Contraloría General de la República en la Carpeta de Control N.º 038 que derivó a la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa de Chiclayo.
Según el ente de control, los actos preparatorios, las etapas del proceso de selección, el expediente técnico y la obra vulneraron la normativa, lo que originó que se limite la participación de postores y por ende se afecte la transparencia, la libre concurrencia y la competencia de postores.
Igualmente perjudicó la legalidad y el correcto funcionamiento de la administración pública; además retrasó el goce de los beneficios del proyecto por parte de la población.
El caso
En la auditoría se evidenciaron diez observaciones. La primera es la tramitación y la aprobación del expediente de contratación antes de su inclusión en el Plan Anual de Contrataciones. No se contó con disponibilidad presupuestal ni del terreno donde se ejecutaría la obra y, por si fuera poco, sin el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el cual posteriormente fue terminado y publicado sin firma.
Ello conllevó a no determinar la existencia de la pluralidad de postores, la posibilidad de distribuir la buena pro y la pertinencia de realizar reajustes a las características y condiciones de lo que se contrató.
La segunda evidencia es que a la propuesta del Consorcio Trasatlántica (contratista) se calificó con mayor puntaje del que correspondía, y se aceptó la propuesta económica incongruente a la propuesta técnica. De acuerdo a ley correspondía que el comité especial descalifique la propuesta económica del postor.
El tercer punto está referido a la elaboración del expediente técnico sin tener los estudios de preinversión (perfil) ni con la declaratoria de viabilidad.
Asimismo se informó a la Fiscalía que el expediente técnico incluyó partidas duplicadas, cantidad de insumos y gastos generales excesivos, lo que originó la sobrevaloración del presupuesto de la obra por 261,985 soles.
También se aprobaron adicionales y deductivo vinculante por funcionario no competente, los que presentan diferencia en la determinación de las partidas y metrados por 179,384 soles.
Valorizaciones
La Contraloría detectó que se valorizó y pagó metrados no ejecutados, lo que generó un perjuicio económico de un millón 376,912 soles. En la observación séptima se indica que las tres ampliaciones de plazo se generaron por la falta de disponibilidad de terreno, las que fueron consentidas por el pronunciamiento inoportuno del ayuntamiento chiclayano. En este caso existe el riesgo de reconocimiento de mayores gastos generales por 675 mil soles.
Se informó que se requirió la contratación para la pavimentación, cuando en la zona de intervención existían trabajos pendientes de la obra de saneamiento.
A la vez se conoció que la obra se desarrolló durante 8 meses sin contar con la supervisión externa y con un inspector de la MPCh. El noveno punto son los mayores reajustes en las valorizaciones por 119,195 soles y la décima conclusión es el incumplimiento de la cancelación de las valorizaciones, lo que generó un riesgo de pago de intereses por 25,726 soles.
Ex funcionarios de municipio
La Contraloría también emitió una relación de 18 participantes en el presunto hecho irregular. Entre ellos están los ex gerentes generales de la MPCh, Ciro Chávez Martos y César Regalado Rodríguez; así como el ex gerente de Infraestructura Pública, Felipe Zegarra; los ex gerentes de Administración Manuel Yarlaqué y Jorge Matallana; la ex gerenta de Asesoría Jurídica, Luz Rojas; el ex subgerente de Tesorería, Fernando Fernández; ex miembros del comité especial, entre otros.
Cabe indicar que la falta de pago de 5 valorizaciones originó que el Consorcio Trasatlántica interponga un proceso arbitral para exigir el pago de intereses por más de 19 mil soles.
Fuente La República
