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Piden 15 años de pena privativa de la libertad para Gerardo Viñas

Piden 15 años de pena privativa de la libertad para Gerardo Viñas

piden_15_aosQuince años de pena privativa de la libertad e inhabilitación por cinco años a ejercer cualquier cargo público ha solicitado el fiscal Manfredo Córdova Niño como pena para los funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Regional de Tumbes (GRT), procesados por el caso A&J, entre los cuales figura el presidente regional Gerardo Fidel Viñas Dioses.

ACUSACIÓN. El día de ayer el mencionado letrado de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tumbes presentó ante al magistrado Charlie Méndez Cueva, juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes, su acusación fiscal contra los imputados en este emblemático caso de delitos contra la administración pública en diferentes modalidades, tales como colusión, cohecho pasivo propio, omisión de actos funcionales, abuso de autoridad y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del GRT.

PROCESADOS. La pena propuesta también recaería en el exgerente general del GRT, Marcos Córdova Galán; en el exgerente de Infraestructura y también ex gerente del Proyecto Especial de Irrigación de la Margen Derecha del Río Tumbes, Guilmer Córdova Paker; en el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Marco Córdova Rivera; en el exjefe de la Oficina de Asesoría Legal de la Gerencia de Infraestructura, Daniel Castañeda Serrano; en el ex sub gerente de Obras y ahora gerente de Infraestructura, Manuel Saavedra Guzmán; en el exsubgerente de Supervisión, Liquidación y Transferencias de Obras, Juan Carlos Alfaro Olivari; y en los representantes legales de la empresa contratista A&J Inversiones SAC, Guillermo Távara Ortiz y Jorge Villegas Angeldonis.

HECHOS. A los funcionarios aludidos se les investiga por haber consentido una irregular liquidación final de obra a la empresa contratista A&J Inversiones SAC, por un monto de un millón 889 mil 511.51 nuevos soles.

La referida empresa ejecutó entre el 2009 y 2010 (durante la gestión del expresidente regional Wilmer Dios) la obra de “Mejoramiento de la infraestructura vial urbana y drenaje pluvial de las calles del barrio San José”, por un monto de 9 millones 117 mil 882,60 nuevos soles. A su culminación, A&J Inversiones SAC presentó su liquidación final de obra por la suma de un millón 889 mil 511.51 nuevos soles.

No obstante, los funcionarios de aquel entonces advirtieron que la contratista no habría cumplido con cierta normatividad en la ejecución de adicionales de obra, estableciendo que la liquidación sólo ascendía a 7 mil 88.05 nuevos soles.

Ante ello se generó una controversia que llevó a un arbitraje.

Sin embargo, ya en la gestión del presidente regional Viñas Dioses, los asesores legales Córdova Rivera y Castañeda Serrano, emitieron informes legales dando por sentado el consentimiento de la liquidación de obra por el monto exigido por A&J Inversiones SAC.

Después todo fue papeleo. Guilmer Córdova Paker, en ese entonces gerente de Infraestructura, emitió una resolución autorizando a la oficina de Administración cancele el pago y este se efectúo sin reparos.

REPARACIÓN. El fiscal Córdova Niño, en representación del Ministerio Público, también solicita una reparación civil de 2 millones 500 mil nuevos soles, monto que, de concretarse la pena, será pagado solidariamente por todos los acusados a favor del Estado.

Dicho monto se extrae de la restitución del bien por un millón 882 mil 423.46 nuevos soles; precisando que esa suma se ha obtenido de la resta que se efectuó entre la cantidad de un millón 889 mil 511.51 de liquidación que se pagó y los 7 mil 88.05 que se debió pagar; y de la indemnización de los daños y perjuicios por 617 mil 576.54 nuevos soles.

EN SU PROPIO BENEFICIO. Respecto a Córdova Paker, se señala en la acusación fiscal, habría evidenciado en un interés en la aprobación de la liquidación, “lo cual lo vincula funcionalmente, presumiéndose que lo hizo en beneficio propio, aprovechándose indebidamente del cargo”.

Sobre el accionar de Córdova Rivera y Castañeda Serrano, se habría evidenciado un interés en esa operación, pues con sus opiniones legales habrían coadyuvado en la decisión final tomada por Córdova Paker, presumiéndose que lo hicieron en su propio beneficio.

Fuente Diario Correo

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