Ojo. Lo que está pasando aquí no es solo delito. Es inequidad que se convierte en leña al fuego del caldero nacional. Mientras el nombre de los titulares de la megacorrupción se mantiene en secreto, manifestantes son tratados como vándalos. (Y no lo digo por la eventual detención arbitraria de un ciudadano inofensivo confundido con los tirapiedras que no faltan, sino por un discurso que subraya la violencia como si fuera el ingrediente esencial que define las marchas de Puente Piedra y, antes, los sucesos de Huaycán).
Más que en otros escándalos, aquí la choledad ha sido doblemente abusada –como ciudadanía defraudada, como mayoría pobre– por un sistema de corrupción concebido como una APP (asociación público-privada) de empresarios y tecnócratas de nivel socioeconómico A y envidiable educación superior. El Perú como burdel de blancos.
Insisto en una idea asociada a esta de la inequidad: a diferencia de la corrupción de los 90 dirigida desde un gobierno popular, la de Odebrecht es de titularidad tecnocrática empresarial. Pero sucede que mientras los funcionarios y ejecutivos de perfil bajo llevan y traen la plata de coimas, adendas y arbitrajes truchos, son los políticos que avalan esto los que absorben todo el odio. Caerán líderes que se corrompieron con cuentas a nombre de sus testaferros y de campañas electorales; y también caerán algunos que, simplemente, pecaron de bobos y negligentes.
Por todo esto, ahora que lo vuelvo a pensar, no me parece mala idea que los políticos elegidos y representativos investiguen en el Congreso a los corruptos fácticos. La politización de este escándalo puede ayudar, en el fuego cruzado de acusaciones, a echar luz sobre algunos peces gordos, algún CEO, viceministro o árbitro de polendas, que pudiera hacer mutis por el foro con la manita de amigos encumbrados.
La inequidad en la economía es parte del sistema y todos la asumimos y procesamos con distinto grado de indignación. Pero la inequidad en la justicia es inadmisible y arrebata. No aticemos con ella el escándalo. Que Alejandro Toledo esté fuera del país y Nadine Heredia en el limbo es ya una barbaridad que amerita que el Poder Ejecutivo mande señales al PJ y al Ministerio Público para que se apuren con medidas de mínimo arraigo. PPK debe prevenir que cunda la sensación de que su gobierno ayuda a la impunidad de los de su clase. Debe dar el ejemplo de que ayuda a procesar pillos que, no por encopetados, merecen consideraciones especiales. Es una vergüenza para el ppkausismo que PPK no haya dado un mensaje a la nación ceñido a la corrupción y le haya dejado el espacio a Keiko Fujimori para que lo haga.
Fuente El Comercio
