La Contraloría General de la República determinó que hubo irregularidades durante el proceso de elaboración de expediente técnico, proceso de selección y ejecución contractual del “Mantenimiento de infraestructura y reposición de equipos electromecánicos y biomédicos” del Hospital de Apoyo II-2 de Sullana”, cuyo costo fue de S/8’547,554.75.
Ello a pesar que supuestos delincuentes robaron, en agosto del año pasado, unos documentos y computadoras de propiedad de la Contraloría General de la República, que investigaba dicho proceso en la Subregión “Luciano Castillo Colona”.
OBSERVACIONES. De acuerdo al informe N°670-2017, los funcionarios no incluyeron un estudio previo en la elaboración del expediente técnico, el cual fue utilizado para solicitar la exoneración de los procesos de selección, así como para acogerse al estado de emergencia por peligro inminente ante el período de lluvias 2015-2016 y posible ocurrencia del fenómeno de El Niño.
Asimismo, durante el proceso de exoneración se invitó a postores que no registraban experiencia previa con el Estado, mientras que la suscripción de los contratos se firmaron fuera de los plazos establecidos y sin la documentación correspondiente.
“Han ocasionado que se haya limitado la pluralidad y concurrencia de postores, y que se haya afectado la legalidad y transparencia, lo que ha sido generado por la actuación de los funcionarios responsables de otorgar conformidad y aprobar el expediente, los encargados de formular y aprobar los términos de referencia, los que llevaron a cabo el proceso de selección exonerados, y los encargados de la suscripción del contrato”, señala el documento.
La Contraloría también determinó que el incumplimiento en la entrega de tres autoclaves causaron un perjuicio económico al Estado de S/58,476,97.
Por ello, la Contraloría General ha dispuesto poner de conocimiento a la Procuraduría Pública encargada de asuntos judiciales para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores involucrados.
También ha recomendado a la gobernación regional disponer de mecanismos de control orientados a cautelar los procedimientos de selección, entre otros.
Al respecto, la gerente de la Subregión ‘Luciano Castillo Colona’ de Sullana, Rosario Chumacero, señaló que “tenemos un área que se encarga de recoger las recomendaciones, se está implementado, pero ahora mismo no tengo los datos a la mano”.
DENUNCIADOS. El proceso para ejecutar el expediente técnico se adjudicó a las empresas Esteriliza S.A., D’Cavig Medical S.A.C., Northydraulic S.A., Soldadura y Servicios Generales Gutierrez E.I.R.L., y Construcción, Consultoría y Gerencia S.R.L. Alguna de ellas otorgadas bajo una exoneración aprobada por el Consejo Regional.
Sin embargo, es durante la ejecución contractual que la oficina Regional Anticorrupción halló irregularidades en la contratación del profesional que elaboró el expediente, a cargo de la Sub Directora de la Unidad de Estudios y Proyectos Ana Ho Valdivieso; de los funcionarios que aprobaron los términos de referencia e, incluso, de los servidores que no aplicaron las penalidades correspondientes a una de las contratistas al permitirle entregar bienes que no correspondían a los términos de referencia.
Es por ello que en febrero de 2016, la Gerencia Sub Regional “Luciano Castillo Colonna”, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana, por el delito de colusión cometido en agravio del Estado y de la sociedad, contra el director subregional de Infraestructura, Eden García Bustamente, la encargada del Sistema de Abastecimiento, Emma Almestar Valdiviezo, además de Luis Gutelius y Leoncio Gonzalo Sotelo y contra los que resulten responsables.
Allí se evidenció que los funcionarios se habrían coludido con el contratista Northydraulic S.A. al haber aceptado ingresado los equipos al almacén y luego hacer el denominado “cambiazo”.
Incluso, la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento (DGIEM) concluyó que el expediente ha sido elaborado por un profesional que no contempló un estudio de campo.
Además, las cotizaciones de los precios referenciales tienen como fecha los meses de setiembre y octubre o posteriores a la presentación del expediente técnico.
“Las descripciones de las cotizaciones de las empresas Esteriliza S.A. y Northydraulic S.A.C. coinciden exactamente con las descripciones de las especificaciones del proyectista”, indicó dicha Dirección.
FORMALIZACIÓN. El 18 de octubre de 2017, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana dispuso formalizar investigación preparatoria contra Eden García Bustamante y Emma Alméstar Valdivieso, como presuntos autores del delito contra la Administración Pública en la modalidad de negociación incompatible, colusión agravada y omisión de actos funcionales.
Asimismo, Leoncio Gonzalo Sotero y Nery Curay Zapata han sido incluidos en la investigación en su presunta calidad de cómplices; mientras que Paola Ho Valdiviezo y Luis Gutelius son acusados de presunta colusión agravada.
El exgerente de la Subregión, Jorge Irázabal, también ha sido incluido como autor del delito de omisión de actos funcionales, colusión y negociación incompatible.
En tanto, los representantes de las empresas D’cavig Medical S.A.C., Raúl Vignolo; y de Northydraulic S.A.C., Sergio Centurión, como presuntos cómplices primarios.
Según la denuncia, los funcionarios concertaron con las contratistas para elaborar el expediente técnico. Así mismo, en la etapa contractual aceptando la entrega de equipos de segundo uso, a pesar que el ex gerente le aprueba un nuevo plazo para que no se cumpla la penalidad.
Fuente Diario Correo
