Más allá del chisme y la morbosidad, la ola de denuncias por corrupción generada desde Brasil, a propósito de los casos de Odebrecht y Camargo Correa, representa un desafío para la sociedad peruana. Puede significar un vendaval que eche por tierra el precario andamiaje institucional. O, desde una perspectiva más optimista, podría significar el punto de partida para el robustecimiento de la autoridad del Estado que es la premisa de la lucha contra la pobreza y la corrupción.
En julio del 2016, la ciudadanía estaba jubilosa, ilusionada por la posibilidad de un compromiso entre PPK y el fujimorismo, un acuerdo que facilitara una gobernabilidad que agilice la inversión. Siendo fuerzas afines desde el punto de vista programático nada parecía más natural y sensato que el logro de tal acuerdo. Entonces, en el inicio del gobierno, con la delegación de facultades legislativas, se vislumbró la posibilidad de que el entendimiento sustituyera a la confrontación como forma de relación con el otro en el sistema político. Pero los políticos no se comportan de una manera ciudadana, acorde con los intereses del país, sino que se dejan llevar por su provecho y emociones, de modo que la política se convierte en un espacio de enfrentamiento, un espectáculo donde las victorias se definen como el logro del deslucimiento del otro y, paralelamente, como la conquista de ventajas partidarias y de posiciones de poder que se materializarán en prerrogativas para los políticos exitosos.
Entre la ciudadanía, la expectativa de una colaboración entre la gente de PPK y el fujimorismo está siendo sustituida por un sentimiento de desencanto que se consolida con la censura arbitraria al ministro Saavedra. La gente vuelve a comprobar que la política es el reino del fraude y la mentira. Por tanto, si los políticos son ladrones y sinvergüenzas, pero básicamente exitosos, ellos representan un ejemplo de transgresión e impunidad que desobliga a la ciudadanía a cumplir con las leyes.
Pero desde Brasil y Estados Unidos nos llega la información de que en los gobiernos de Toledo, García y Humala los proyectos de infraestructura pública han sido otorgados, de una manera generalizada, en función de la recepción de coimas. Esta situación significa una tremenda humillación de nuestra autoestima como peruanos. Una revalidación del pesimismo criollo que se complace en reiterar que la sociedad peruana nunca cambiará.
Este pesimismo se convierte en motivo o pretexto para radicalizar la transgresión. Si los políticos y congresistas son los primeros en evadir la ley para su provecho, ¿entonces qué podría exigirse de la ciudadanía? No obstante, frente al tsunami de acusaciones que está por llegar se podría tener otra actitud: investigar y condenar a los corruptos. Convertir el caso en una suerte de hito en la historia del país. De manera que aquellos tentados, o ya seducidos, por la corrupción sepan que no serán protegidos por el poder.
Aprovechar las denuncias para proceder a una limpieza en profundidad de nuestro sistema político. Quizá sea pedir demasiado. Pero de repente no tanto si se toma en cuenta que estamos ante un proceso mundial. Es difícil saber si ha aumentado la corrupción, como parece, o si lo que ha ocurrido es una mayor visibilidad de las denuncias gracias a los medios de comunicación. O, también, una conjunción de ambas situaciones. Aunque lo que sucede en Brasil es un proceso abierto, y las primeras sentencias nos hacen pensar de manera optimista: será difícil para los corruptos evadir a la justicia.
En el Perú sería un orgullo ver tras las rejas a todos los responsables, así se apelliden Toledo, García o Humala. Una situación así alentaría la confianza ciudadana y el cumplimiento de la ley. Implica un cambio profundo en las mentalidades colectivas para el que estamos preparados, como lo demuestra la bajísima votación obtenida por Toledo y García en las elecciones presidenciales del 2016. Situación que pone en evidencia un cansancio con la corrupción. Un entendimiento colectivo de que los costos sociales de la transgresión generalizada son tan enormes como para impedir un desarrollo económico sostenible. Sin instituciones sólidas y predecibles el Perú asemeja una nave a la deriva, sin rumbo definido, vulnerable a los golpes de timón del caudillo audaz del momento.
Fuente El Comercio
