La Primera Fiscalía Anticorrupción investiga a seis oficiales por malversación de fondos y asociación ilícita. La mayoría de casas ni siquiera ha sido construida.
El Fondo de Vivienda Policial (Fovipol) pagó por adelantado –y sin una licitación pública– más de S/.45 millones a la empresa Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios (DPI) por 502 casas en Lurín en 2011. Hoy la mayoría de las viviendas no ha sido construida, pero lo que más llama la atención es que el terreno está en litigio con el Estado.
La Primera Fiscalía Anticorrupción investiga por malversación de fondos y asociación ilícita para delinquir a seis oficiales: el general en retiro y expresidente de Fovipol Víctor Castañeda Parrales, y a los coroneles Manuel Ponce, Manuel Guerrero, Jorge Palacios, Pedro Vargas y Omar Navarro, informó el diario El Comercio.
Otro dato que llama a la duda es que el dinero del Fovipol fue abonado a la constructora los días 16, 27 y 29 de diciembre de diciembre de 2011, pero recién el 31 de diciembre de ese año el directorio aprobó la decisión.
Es más, se pagó por adelantado por viviendas aún en planos y sin que ningún policía aportara para adquirirlas ni haya estado interesado en estas. La Estancia de Lurín debió entregarse en 2012.
El dueño de DPI es Rodolfo Banchero Zavala. Su hija, Carmen Banchero –socia en la inmobiliaria y amiga de la primera dama, Nadine Heredia –, es miembro de la firma Negociaciones Aras del Norte, dueña de las tierras donde se construyen las viviendas para los policías, según la investigación del referido diario.
Pero Negociaciones Aras del Norte tiene un litigio con el Ministerio de Agricultura por estas propiedades desde 2004. Esto impediría que los agentes aportantes al Fovipol tener títulos de propiedad. Al respecto, los gerentes de DPI Yamil Concha y Dante Rodríguez negaron que haya problemas legales con La Estancia de Lurín.
Fuente La Prensa
