Las bases de los concursos públicos son consideradas la partida de nacimiento de toda obra. Tras la caída del puente Solidaridad y la imagen de Los Libertadores sostenido por una grúa, la Unidad de Investigación de El Comercio sometió a análisis ambos concursos ante expertos en contrataciones con el Estado. El resultado: indicios de un presunto direccionamiento que dio como ganadora a una empresa sin experiencia en obras de complejas magnitudes.
Constructora e Inmobiliaria AL&M, encargada de dichas obras, se constituyó en febrero del 2004. Un año después obtuvo su primer contrato municipal: S/229.747 por asfaltar ocho calles de Comas. Seis meses más tarde, el municipio de Los Olivos le pagó S/431.657 por construir tribunas para losas deportivas. Sin embargo, las cifras millonarias empezaron en el 2009 cuando, gracias a tres concursos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ganó obras por S/8’700.000. En los tres casos fue el único postor.
—Millones y suspicacias—
Aunque nunca antes había construido puentes peatonales para una entidad pública, entre julio del 2009 y marzo del 2010, durante la gestión de Luis Castañeda en el municipio de Lima, AL&M ganó las convocatorias de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape) para ejecutar el puente peatonal del kilómetro 25,5 de la Panamericana Norte y los puentes Los Libertadores y Solidaridad. Los montos fueron: S/1’154.189 por la primera obra, S/3’692.833 por la segunda y S/3’898.294 por la tercera.
Para Alberto Retamozo, director de la Unidad de Postgrado de Derecho de la Universidad de San Marcos, “el puente Solidaridad nació muerto”. Explica que “existió un error de origen”, pues el municipio de Lima planteó en la convocatoria que se trataba de un puente peatonal sin especificar que este iría sobre el río Rímac. “Hay deficiencias en el objeto de la contratación […]. Si ponían puentes peatonales sobre ríos, te cambiaba todas las especificaciones técnicas. Un expediente mucho más complejo llama mejores postores. Le aseguro que no ganaba el que ganó”.
Especializado en contrataciones estatales, el abogado José Antonio Trelles criticó además que Emape, en las bases administrativas, estableciera requisitos de evaluación de experiencia que limitaron “arbitrariamente la libre competencia”.
Trelles resalta que, en la etapa de convocatoria, dos empresas plantearon quejas que no fueron atendidas: “Pese a los pedidos realizados, la entidad estableció como factor de evaluación […] sorprendentemente la misma experiencia que tiene el contratista [AL&M]respecto a contratos previamente celebrados con la misma Emape”.
Para Trelles, Emape “ha vulnerado el principio de transparencia, el principio de libre concurrencia y competencia al direccionar la calificación a un segmento del mercado”. Otro de los factores “altamente cuestionable”, en su opinión, fue la diferencia entre los requisitos de experiencia de la empresa versus los del residente de la obra: “Podemos advertir que esta aparente incongruencia puede obedecer a una subrepticia intención de beneficiar a un proveedor en específico”.
Retamozo explica también por qué era necesario exigirle a la empresa postora experiencia en puentes sobre río: “Esto te conduce a que tengas todo un equipo alojado en la empresa de manejo de esta situación”. Retamozo descubrió además que “al momento de la convocatoria, el expediente habría estado incompleto […]. ¿Qué se debió hacer? Declarar la nulidad, retrotraer y sanear todo. Transparencia”.
Ni la Municipalidad de Lima ni AL&M aceptaron una entrevista. Sin embargo, el alcalde Luis Castañeda señaló en conferencia de prensa que se allanaría a las investigaciones.
Fuente El Comercio
