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Para reconstruir rápido y mejor, por Gianfranco Castagnola

Para reconstruir rápido y mejor, por Gianfranco Castagnola

Hoy el Congreso debe discutir el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que busca generar un marco apropiado para conducir y ejecutar el plan de reconstrucción posterior a El Niño costero. Es un proyecto bien pensado, que reconoce las limitaciones de nuestro Estado y recoge experiencias exitosas de otros países y lecciones del fallido Forsur. Haría bien el Congreso en aprobarlo y en dejar en la cancha del Gobierno la plena responsabilidad de su ejecución, para beneficio de los ciudadanos y los negocios afectados por el desastre.

El proyecto es bueno porque, en primer lugar, crea institucionalidad. Hasta hoy, el Perú no tenía un marco para lidiar con la reconstrucción de desastres de categoría 4 o 5 (escala de 1 a 5). El planteado por la ley servirá para este, pero también –seguramente, perfeccionado en base de esta experiencia– para futuros desastres que probablemente ocurrirán.

En segundo lugar, reconoce la necesidad de montar una Autoridad para la Reconstrucción, a cargo de un director ejecutivo con rango de ministro, que sea responsable de elaborar el plan de reconstrucción y dirigir su ejecución. Sería impensable que uno de los actuales ministros, con toda la carga que ya enfrentan, asuma esa responsabilidad. No habrá burocracia adicional, pues la autoridad tendrá una vida finita, de máximo cuatro años.

En tercer lugar, aplica apropiadamente el principio de subsidiaridad. Cada obra será ejecutada por el nivel de gobierno mejor preparado para ello. Para cada obra se evaluará si puede ser realizada por el gobierno local. Si este no está en capacidad de hacerlo, se valorará si el gobierno regional lo está. Y si no lo está, le corresponderá ejecutarlo al gobierno central. Quien crea que es una vulneración al proceso de descentralización, ignora que la descentralización no es un fin en sí mismo, sino un medio para que el Estado sirva mejor al ciudadano. Y es evidente que la gigantesca labor de reconstrucción luego de un desastre que ha impactado a 14 regiones, con más de un millón de personas damnificadas o afectadas, 42 mil viviendas colapsadas o afectadas y daños a la infraestructura pública que podrían superar los US$3.000 millones, sobrepasa, y por mucho, las capacidades de los gobiernos subnacionales. No se trata de reconstruir solamente, sino de hacerlo bien, con buena planificación urbana, con mejores servicios, con medidas que prevengan futuros desastres.

En cuarto lugar, busca eliminar la “tramitomanía” que ha obstaculizado la ejecución de la obra pública. Todas las autorizaciones, licencias, permisos, dictámenes, etc. que se requieran para la ejecución de las obras incluidas en el plan de reconstrucción serán tramitados en procesos expeditivos que no deberán durar más de siete días, con silencio administrativo positivo. Si en condiciones normales resulta urgente la simplificación administrativa, con mayor razón un proceso de reconstrucción requiere de ‘fast tracks’. Forsur dejó esta importante lección. Su primera transferencia de recursos, S/2,6 millones a Cofopri para saneamiento urbano físico legal, tomó cinco meses.

Los ‘fast tracks’ pueden generar una legítima preocupación por la corrupción. Para ello, el proyecto prevé un control concurrente de la contraloría a través de la contratación de empresas auditoras de primer nivel.

Esta ley, obviamente, no garantiza el éxito de la reconstrucción. Se requieren recursos económicos –que, felizmente y gracias al crecimiento económico de los últimos 15 años, los hay–, liderazgo del gobierno y alta capacidad de gestión de la autoridad y de los órganos ejecutores del gasto.

Fuente El Comercio

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