En la última publicación del Índice de percepción de la corrupción en el sector público de Transparencia Internacional, Perú se ubica en el puesto 101 de 171 países.

En el sector privado, los resultados tampoco son alentadores. Según un estudio publicado en 2014 por la consultora EY, más del 55% de las empresas top del país sufrieron un evento de fraude al año, el 76% de los ejecutivos involucrados fueron gerentes y jefes, la pérdida promedio por evento fue mayor a 100,000 dólares y el 67% de los encuestados afirmó que sus organizaciones no eran seguras.

Frente a este escenario, es importante analizar los procesos de selección de los funcionarios y altos ejecutivos. En el Estado es práctica usual la elección en cargos de confianza a los miembros del partido, amigos de la universidad o ex compañeros del trabajo anterior.

En el sector privado coexisten el amiguismo y la falta de procesos confiables en la selección. Tanto en el Estado como en el sector privado se deberían establecer políticas y procedimientos claros respecto a la contratación y control de las posiciones sensibles a corrupción.

Una de estas medidas es la confección de una matriz de evaluación de riesgo de ambos delitos, a fin de identificar aquellos que fueran más susceptibles.

Esta política se debe complementar con auditorías y controles periódicos, monitoreo de procedimientos, etcétera. Códigos y protocolos antifraudes.

Según estudios recientes, hay una alta probabilidad que los funcionarios y ejecutivos que participaron en estos delitos se recoloquen en otros empleos. La impunidad y el cuidado de la reputación para no hacer públicos los eventos alientan este desvío.

Sin embargo, hoy es posible advertir que con los protocolos y personas adecuadas, un proceso de selección puede detectarlos con la información suficiente para descartarlos y priorizar otros candidatos.

Fuente El Peruano

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