En los últimos ocho años, la corrupción ha generado en los gobiernos regionales y locales un perjuicio económico de 700 millones de soles, por el cual han sido denunciados más de cinco mil funcionarios públicos, informó el contralor general de la República, Edgar Alarcón.
Durante su presentación en la Comisión de descentralización del Congreso, Alarcón precisó desde el 2009 y lo que va del año su organismo ha iniciado 938 procesos judiciales para esos malos funcionarios.
En ese sentido planteó que la Contraloría tenga la potestad sancionadora sobre alcaldes, regidores, gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, ya que en la práctica estos pertenecen a instancias ejecutivas y administrativas con margen de dominio y poder de decisión sobre sobre la conducción de la entidad a la que pertenecen.
Asimismo, que se transfiera la Procuraduría Anticorrupción a la Contraloría General de la República y que esta institución tenga acceso a la base de datos públicas para la fiscalización de funcionarios y la modificación de la Ley de Contrataciones del Estado para fortalecer la lucha anticorrupción.
Para que se cumpla con la correcta ejecución de obras en el país, Alarcón solicitó, además, que se destine a la institución que dirige el 1% del valor de las obras a fiscalizar, a fin de que se pueda asegurar la contratación de especialistas.
Transparencia
El contralor sostuvo que es necesario fortalecer la transparencia de la gestión pública; asegurar la independencia en la defensa jurídica del Estado; mejorar funciones de supervisión de las obras públicas y consolidar la autonomía de los Órganos de Control Institucional (OCI) encargados de realizar los servicios de control simultáneo y posterior.
También, ampliar la obligación de presentar declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas y agilizar las demandas civiles indemnizatorias iniciadas por la Contraloría de acuerdo a la Ley 30514.
Fuente La República
