Luego del desborde del río Piura, ni los desagües ni el polvo ni la contaminación huelen tan mal como las licitaciones de las obras que están por ejecutarse. Resulta que, tras el desastre que dejó El Niño Costero, la rehabilitación de Piura está puesta en manos de dudosa reputación. El Gobierno Regional adjudicó esta semana la buena pro de cuatro proyectos: la rehabilitación del dique derecho del río, la descolmatación de los drenes Sechura y 1308, y la rehabilitación del dique izquierdo del río.

La ejecución de las tres primeras obras fue otorgada a los consorcios Río Piura, La Paz y Rodema, por un total de 17 millones 632 mil soles. Lo curioso es que en la práctica los consorcios vienen a ser lo mismo, pues los tres están conformados por la empresa Constructora y Servicios Rodema EIRL y un empresario de nombre Julio César Quiroz Ayasta, cuyos antecedentes no son para nada alentadores.

Quiroz Ayasta está vinculado desde el 2014 al entonces alcalde chiclayano Roberto Torres —hoy preso— en el escandaloso caso “Los limpios de la corrupción”. Por una obra de pavimentación en la capital lambayecana, Julio Quiroz habría pagado una coima de 30 mil soles, según la confesión de un colaborador eficaz. La obra nunca se ejecutó.

En Chimbote, el empresario es investigado por coludirse con funcionarios de la gestión de César Álvarez, hoy preso por corrupción. En este caso, la Fiscalía sostuvo que el perjuicio al Estado alcanzaba los 35 millones de soles.

En junio de este año, la Municipalidad Provincial de Lambayeque le revocó a Julio Quiroz la buena pro en la supervisión de una obra porque pretendía prestar servicios a la vez en otra obra en Cajamarca, algo que la ley prohíbe. A ello se sumó la presión social debido a su pasado sombrío.

Si desde hoy Quiroz y compañía tienen cuatro meses y medio para ejecutar las obras, no sabemos si en enero del 2018 vamos a estar hablando de soluciones o de decepciones.

A ello sumemos, por otro lado, otras cuatro obras vitales para Piura que el programa AgroRural del Ministerio de Agricultura ha adjudicado recientemente en torno a la descolmatación del río en cuatro tramos. Por lo menos dos tramos serán ejecutados por empresas vinculadas a la corrupta Odebrecht. Se trata de Cosapi S.A., que en sociedad con otra firma hará trabajos por 77 millones de soles, y el consorcio que integra Obrainsa, que cobrará 64 millones de soles.

Tanto Cosapi como Obrainsa fueron incluidas por la Fiscalía en la investigación por el caso Lava Jato, acusadas de haber actuado junto a grandes empresas brasileñas como un cártel para repartirse obras del Ministerio de Transportes entre los años 2011 y 2014. Obrainsa, además, es conocida porque ejecuta el primer componente del Proyecto Alto Piura, donde solicitó al Gobierno Regional 24 millones de soles adicionales por trabajos no previstos.

El principal problema, coinciden muchas voces, es que no se inhabilita a las empresas con serios indicios de corrupción y, por tanto, pueden seguir contratando con el Estado. Al parecer, las sospechas bastante fundadas son solo el inicio de una madeja de grandes sorpresas. Hay, hermanos, mucho por descubrir.

Fuente Punto y Coma

Una Respuesta

  1. Eduardo Bailón

    ¿Porque no se han inhabilitados también a las personas que conforman los comités de licitaciones?…es claro que se continua con las practicas corruptas en las obras del estado, que se puede hacer?…el gobierno no ha implementado en la practica, sistemas de prevención, permite el direccionamiento de los procesos, resolviendo vía el Seace o el Osce, a favor de los funcionarios corruptos, impidiendo la libre participación de postores, colocando “candados” mafiosos para favorecer a sus “favoritos”. Y las denuncias?

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