El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, afirmó que el Ejecutivo evalúa mecanismos para fortalecer el sistema nacional de compras públicas y el Registro Nacional de Proveedores (RNP), con el objetivo de ejercer un mayor control sobre las contrataciones del Estado y evitar los casos de corrupción.
Altos funcionarios y parientes no pueden contratar con Estado
Empresarios suscriben acuerdo de integridad contra sobornos
Jiménez Mayor informó que el Gobierno ha encargado al Organismo Superior de Contrataciones del Estado (OSCE) que elabore una propuesta para perfeccionar el proceso de supervisión y de verificación de datos del RNP, en vista de que resulta muy complejo determinar la relación de parentesco de todos los funcionarios públicos del país.
Después de ser designado por unanimidad como nuevo presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, Jiménez anunció también la próxima suscripción de un pacto de integridad contra los sobornos entre el Gobierno y el empresariado, representado por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
De esta manera, las empresas proveedoras del Estado se comprometen a no pagar coimas, bajo las sanciones penales y la inhabilitación permanente para futuras licitaciones.
En rueda de prensa reiteró que el artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado es muy claro en el sentido de la inhabilitación de los funcionarios para hacer negocios en la administración pública, al igual que sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad.
“Los ministros, vicepresidentes, congresistas, magistrados del Tribunal Constitucional, el contralor de la República, los jueces de la Corte Suprema, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y todos los altos funcionarios tenemos esta incompatibilidad para contratar con el Estado; nosotros y nuestros parientes”, subrayó en conferencia de prensa.
En ese sentido, adelantó que los integrantes del Gabinete Ministerial evalúan la forma como entregar la información de sus parientes, pues existe el firme propósito del Gobierno de que el caso del hermano del presidente de la República no se repita.
Procuraduría General de la República
Jiménez Mayor resaltó la importancia de la iniciativa del Ejecutivo para la creación de la Procuraduría General de la República, institución que asumirá la defensa jurídica del Estado peruano, que –refirió– ha perdido el 70% de los arbitrajes en los que ha participado.
“Debemos fortalecer la defensa del Estado para que no se pierdan recursos cuando no se tiene la razón”, destacó el jefe del gabinete durante una reunión con la prensa.
Por otro lado, el presidente del Consejo de Ministros también resaltó el incremento de la recaudación por el pago de reparaciones civiles al Estado en un 400 por ciento, gracias a los recientes embargos ejecutados por el Poder Judicial contra estos deudores, los que se han visto obligados a abonar mayores montos para reducir sus cuentas.
Compromiso
“En la próxima sesión aprobaremos el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción y hemos acordado que esta política sea consistente, en la que todos nos enfoquemos y estructuremos una política con resultados”, anunció Jiménez.
Según explicó, este plan será una herramienta a aprobarse por unanimidad por todas las instituciones que conforman la comisión.
Para ello, solicitarán aportes y planteamientos de los organismos miembros, de tal forma que se recoja la participación de todos los actores comprometidos en la lucha contra la corrupción.
“Es una herramienta poderosa de trabajo que nos permitirá contar con una ruta de seguimiento. Tendremos una agenda que estará en el plan, es decir, tendremos resultados”, destacó.
En la sesión celebrada se informó sobre los embargos hechos en las últimas semanas a las personas denunciadas por delito de corrupción y que solo han pagado 10 millones de nuevos soles de los 1,000 millones que le deben al Estado.
Fuente El Peruano
