El viceministro de Justicia, Edgar Carpio, ha anunciado que en los próximos meses se separará a los primeros cien servidores públicos por casos de corrupción en el Estado.
Más que el número, que es importante, desde luego, lo trascendental es que por primera vez en el servicio público se establece todo un proceso anticorrupción, que no solo tiene que ver con detectar y sancionar a los funcionarios corruptos, sino también con establecer una política de prevención y una cultura de servicio con honestidad y eficiencia al ciudadano.
“Actualmente, con el objeto de que Servir y las entidades públicas lo implementen, venimos cruzando información entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Economía, a fin de que en los próximos días se separe a los primeros 100 servidores públicos por actos de corrupción”, dijo.
Detrás de esa cifra hay una serie de cambios en la estructura de los servicios públicos, como bien lo dice la autoridad, para promover la integridad, castigar al funcionario y servidor deshonesto, proteger los derechos e intereses del ciudadano y prevenir escenarios de corrupción.
Por ejemplo, se han elevado los estándares de contratación pública, impidiendo que personas condenadas por delitos contra la administración pública accedan a cargos públicos. Además, se modificaron el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal (NCPP) para hacer más eficiente la investigación, el procesamiento y la sanción del crimen organizado.
En ese mismo plano, se inhabilitó a los servidores condenados por casos graves de corrupción para que nunca más vuelvan a trabajar en el Estado; se dieron normas orientadas a transparentar las relaciones de parentesco familiar, para hacer más eficientes las investigaciones de jueces, fiscales, comisiones investigadoras del Congreso, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Tribunal de Servir.
Hay que reconocerlo, tenemos una administración pública impregnada de corrupción y es necesario una lucha frontal contra ese flagelo.
Según la Contraloría General de la República, entre inicios del 2009 y marzo del 2016 se detectaron 198,340 sanciones penales, civiles o administrativas. En el mismo intervalo, se identificó un total de 1,812 procesos judiciales a 9,937 funcionarios, con costos que superaban los 1,500 millones de soles.
De acuerdo con el informe 2016 de Transparencia Internacional, que mide la corrupción en 176 naciones, Venezuela es considerado el país más corrupto en América del Sur, mientras que Chile y Uruguay son los más transparentes. El Perú se ubica en la posición 101, una caída de 13 puntos con respecto al informe anterior, cuando estábamos en el puesto 88.
Como vemos, hay un reto por enfrentar, y eso implica combatir la gran corrupción y, sobre todo, la pequeña corrupción, porque solo de esa manera podremos instalar una cultura de honestidad y transparencia en el servicio público.
Fuente El Peruano
