Jorge Barata no solo ha puesto contra las cuerdas a Alejandro Toledo. Ante los fiscales peruanos dijo que sus socios de la Interoceánica –entre ellos Graña y Montero y JJC Contratistas– sabían de los acuerdos ilícitos con autoridades para hacerse de la obra.
En una de sus declaraciones que se encuentran en el cuadernillo especial de colaboración eficaz, Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht, revela que todas las empresas del consorcio del proyecto Interoceánica conocían del pago de sobornos a Alejandro Toledo.
Así lo informó el Semanario “Hildebrandt en sus trece”, que obtuvo la primera declaración completa que dio Jorge Barata al fiscal Hamilton Castro, el 24 de enero del presente en Brasil, sobre pago de sobornos al expresidente Alejandro Toledo y la donación a la campaña electoral de Ollanta Humala.
En el “cuadernillo especial” de colaboración eficaz (rotulado como “pago indebido al expresidente Toledo”), se consigna la declaración de Barata quien asegura que todas las empresas del consorcio del proyecto Interoceánica, tramos 2 y 3, tenían conocimiento del pago de los sobornos al exmandatario.
Cuando el fiscal Hamilton Castro pregunta a Barata “¿Cuál es el grado de intervención en el acuerdo ilícito y en los pagos realizados a Alejandro Toledo de las demás empresas consorciadas en el proyecto Interoceánica, tramos 2 y 3?, el gerente de Odebrecht en el Perú, dijo que “El pago (a Toledo) ha sido por Odebrecht, pero el resto de empresas sí tenían conocimiento, no detalles, pero sí sabían que habíamos pagado y sabían que tenían que asumir lo que les correspondería.
LO NIEGAN
Ante la revelación de Jorge Barata, la empresa Graña y Montero, a través de un comunicado, rechazó esas afirmaciones. “Negamos rotundamente dichas afirmaciones y reiteramos que nuestra empresa o nuestros ejecutivos nunca conocieron, ni menos gestionaron o realizaron pago alguno en relación a algún tipo de soborno o reembolso por pagos de ese tipo, realizados por Odebrecht, tal como ellos han declarado”, refiere.
La empresa manifestó su disposición a continuar colaborando en las investigaciones por este caso a fin de que se conozca la verdad. El pasado jueves 2 de febrero, ante la Comisión Lava Jato del Congreso, el gerente general de Graña y Montero, Mario Alvarado Pflucker, aseguró que la firma a la que representa no tuvo conocimiento de los sobornos que Odebrecht entregó en el Perú.
NO PUEDE CONTRATAR
El exprocurador Christian Salas, sostuvo que Graña y Montero, empresa que formó consorcios con Odebrecht para varias obras en el Perú, no puede contratar con el Estado, a la luz del decreto que emitió el Poder Ejecutivo.
De esta forma discrepó con las declaraciones de la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, quien dijo que Graña y Montero y las empresas que están siendo investigadas por el caso Odebrecht podrían seguir contratando con el Estado hasta que haya una condena definitiva.
“No puede seguir contratando con el Estado. ¡Cuidado que la ley es clara! A mi criterio legal, analizando ese decreto legislativo no puede contratar y la aplicación de ese decreto es inmediata. Habiendo sido Odebrecht condenado ya en el extranjero por corrupción, sus consorciados aquí en el Perú no pueden participar más en licitaciones. Ojo con eso”, aseguró.
LOS CONSORCIADOS
Salas Beteta comentó que la emisión del Decreto de Urgencia 003-2017 es uno de los puntos positivos de la gestión de Pedro Pablo Kuczynski. “Este es uno de los puntos favorables del gobierno, se ha emitido un último decreto legislativo en el que se establece la prohibición de los consorciados de seguir participando en licitaciones en el Perú, consorciados de personas jurídicas o personas naturales que hayan, en el Perú o en el extranjero, sido condenadas por corrupción”, señaló.
Explicó que el primer artículo de ese Decreto dice “que no pueden contratar las personas jurídicas condenadas, sus representantes legales o directivos condenados o que hayan asumido o aceptado vinculación con los delitos, y a reglón seguido dice tampoco los consorciados”.
Salas añadió que sería totalmente ilógico pensar que los consorciados no conocían la forma de operar de Odebrecht y dijo que la hipótesis de la Fiscalía debería apuntar a considerar que Odebrecht y OAS no actuaron solas.
DILIGENCIA
El Ministerio Público realizó ayer una diligencia en las oficinas de la empresa Graña y Montero, como parte de las investigaciones que realiza al caso Gasoducto Sur. La diligencia fue conducida por el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia, quien investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación del Gasoducto Sur a la empresa Odebrecht.
“Durante la diligencia se recabó información sobre los contratos suscritos entre Graña y Montero y la empresa Odebrecht”, precisó el Ministerio Público en su cuenta de Twitter.
El pasado 17 de febrero, el fiscal Reynaldo Abia dirigió una diligencia similar en las oficinas de Odebrecht en Lima, empresa de la cual recogió abundante información.
CAÍDA
Ayer, la jornada en la bolsa peruana estuvo marcada por la declaración del colaborador eficaz Jorge Barata ante fiscales peruanos de que todas las empresas socias del consorcio constructor del tramo 2 y 3 de la carretera Interoceánica conocían de los sobornos pagados por Odebrecht en Perú.
Esto provocó que las acciones de Graña y Montero tuvieran una caída récord de 33.33% en la bolsa peruana y un desplome de 34.77% en la bolsa de Nueva York.
En Lima, las acciones de G&M perdieron S/ 1.10 y tocaron un piso de S/ 2.20. Durante la semana, la empresa acumuló una caída de 35%.
El precio de acción ya no está respondiendo tanto a los fundamentos de la empresa como a los hechos políticos, dijo a Gestión Marco Contreras, analista de Kallpa SAB.
REACCIONES
No es caso aislado
En el caso de la ex primera dama Nadine Heredia, la Fiscalía debe partir de una hipótesis incriminatoria global y no bajo la lógica de que se trata de un caso aislado, dijo el exprocurador Christian Salas Beteta. “Voy a ser bastante drástico en ver el caso de Nadine Heredia como un caso aislado, si es que el aporte constituye o no delito, si el hecho de no declararlo constituye o no delito. El mismo presidente del Poder Judicial tuvo un pronunciamiento, señalando que pudo ser un tema administrativo a diferencia de lo de Toledo que fue una coima”, declaró.
Evidencia de corrupción
Gonzalo García Núñez, expresidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), consideró que es absolutamente escandaloso el hecho de que la debilidad personal, espiritual, y política de Ollanta Humala y Nadine Heredia haya profundizado la evidencia de la corrupción. “Nadine y Ollanta son parte de un sistema, insisto es una estructura de corrupción mediática, política, financiera, múltiples dimensiones que nacieron de Petrobras la más grande de América Latina y que les crearon estas condiciones”, señaló.
No es una broma
El fujimorista Luis Galarreta insistió en la necesidad de que el presidente del Directorio del Grupo Graña y Montero, José Graña Miró Quesada, sea citado ante la Comisión Lava Jato. Recordó que las acciones de la empresa Graña y Montero están cayendo a 33%, mientras que el 40% de los proyectos cuestionados a esta empresa pertenecen a fondos de jubilados. “Señor José Graña esto no es un juego, no es una broma (…) El señor José Graña no está midiendo la dimensión de los hechos (…) Solo ve cuál es la estrategia legal solo para su empresa, sus intereses”, añadió.
Carta de renuncia
El analista Gustavo Faverón dijo que el director de Perú 21 y más de un columnista de El Comercio decían, basándose en las declaraciones del brasileño Barata, que el solo hecho de recibir dinero de Odebrecht constituía lavado de activos. “Ese periodista debe estar pasando por una profunda crisis moral al haberse descubierto horas más tarde que Barata también declaró que la empresa Graña y Montero, propiedad de uno de los patrones de Perú 21 y socia de Odebrecht, siempre estuvo al tanto de todos los sobornos. Debe estar indignado escribiendo su carta de renuncia”, comentó.
Fuente Diario Uno
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