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¿Es solo sobre el ahorro o perjuicio económico?, por Aldo Defilippi

¿Es solo sobre el ahorro o perjuicio económico?, por Aldo Defilippi

Ante la gravedad de lo ocurrido, no podemos dejar de pronunciarnos sobre el impacto en las decisiones de inversión que tienen para el país los recientes acontecimientos. No se trata de un premio a la imprudencia de una empresa, sino de una enmienda a lo que parece ser consecuencia de errores del propio Estado, que en su gestión anterior adjudicó el proyecto aparentemente de forma legítima.

Los términos del contrato pueden resultar discutibles desde el punto de vista técnico, pero no se puede dañar a las autoridades, sea el vicepresidente de la República, los ministros de Estado, viceministros y funcionarios en general, por las consecuencias que trae. Vivimos en un país donde los funcionarios con vocación de servicio son mal remunerados, están sujetos a una serie de riesgos, y muchas veces prefieren no tomar decisiones –y así evitar ser sancionados, aunque el perjuicio de su inacción para el país sea mayor–mientras hay otros que, como hemos visto, faltan a la ética o son corruptos.

Tras revisar el informe de la Contraloría General de la República (CGR) y el comunicado emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas el lunes 22, en respuesta a las observaciones hechas por la CGR, respecto a la adenda del contrato de concesión del aeropuerto internacional de Chinchero, reafirmo mi preocupación en torno a lo que entiendo como una extralimitación o un acto desmesurado de la contraloría y de algunos otros actores políticos.

No nos corresponde juzgar los aspectos técnicos del contrato ni la forma como se ha manejado, pero sí estamos preocupados por la frustración de una iniciativa de la relevancia del aeropuerto de Chinchero. Creemos que se afecta la institucionalidad de las asociaciones público-privadas y se crea un mal clima para las inversiones nacionales y extranjeras, que precisamente necesita el Perú para reactivar la economía, generar empleo e iniciar la reparación del daño causado por El Niño costero.

En el documento, el MEF señaló que la adenda no genera un perjuicio económico, como lo advirtió el organismo autónomo, sino más bien un ahorro de costos para el Estado, incluso en el más pesimista de los escenarios, en el que la aplicación de una tasa de descuento diferente reduce el supuesto ahorro a US$56 millones, una cifra aún considerable.

Por más que suene repetitivo, considero oportuno poner énfasis en la crítica del MEF a los elementos subjetivos que utiliza la CGR para determinar responsabilidades penales. El ministerio señaló que, para determinar la responsabilidad penal en el marco de las garantías constitucionales sobre el debido proceso, se requiere que el informe de control no solo observe las decisiones técnicas, sino que acredite al menos indicios de actos dolosos de los funcionarios. Dicha situación no se ha advertido en el informe de control de la CGR, afectando la honorabilidad de los funcionarios a cargo.

Por otro lado, cancelar el contrato de Chinchero supondría un costo de más de US$300 millones en compensaciones por el capital invertido y el lucro cesante, cifra que tiene un alto costo de oportunidad, por lo que se podría hacer con ese monto. Veamos algunas comparaciones: esto equivale al 10% de la partida para la reconstrucción inmediata pos-El Niño costero, 40% de lo destinado a la prevención y atención de desastres, y más del triple del presupuesto para el control de oferta de drogas.

En general, desde un punto de vista pragmático, podría decirse que Chinchero es algo parecido a un ‘too big to fail’, no tanto por implicar un riesgo sistémico para la economía en conjunto, pero sí por el pragmatismo que implicaba ahorrar más de US$200 millones en intereses y los US$300 millones antes mencionados. Hay que sumar, además, la presión social desde el Cusco, y el impacto intangible en la ya mencionada pérdida de estímulo para que los funcionarios honestos puedan participar en la administración pública y los empresarios invertir. Por otro lado, a diferencia de la crisis del 2009, la empresa está en todas las facultades de dejar mal posicionado al Gobierno Peruano.

Confiemos en que el ministro Giuffra y Kuntur Wasi estén en capacidad de llegar a un entendimiento, a pesar de lo lamentables actos de corrupción descubiertos a empresas brasileñas. Ellos pueden ser una oportunidad para sancionar a los corruptos, marcar la pauta para que no vuelva a ocurrir, y generar conciencia de la necesidad de mantener buenos principios y ética en los actos cotidianos. A su vez, destrabar la economía para evitar que la pobreza y el desempleo vuelvan a subir.

Soy optimista respecto a los anuncios frente a los grandes proyectos que han sido paralizados, postergados o recientemente incorporados, e invoco al sector empresarial a compartir el mismo sentimiento. También invoco al Ejecutivo y al Legislativo –y a la CGR– a trabajar por una causa común: el Perú.

Fuente El Comercio

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