Ana Jara, cuatro años atrás, cuando era presidenta del Consejo de Ministros, en una reunión oficial revelaba que la corrupción costaba al país aproximadamente S/10 mil millones al año. La cifra para muchos parecía exagerada en ese momento, pero ahora al hacerse pública -cada día que pasa- la serie de hechos ilegales que implican a alcaldes, gobernadores, funcionarios públicos y otros que manejan recursos del Estado, el monto parece que resulta pequeño.
La Defensoría del Pueblo, en la semana que concluyó, presentó el “Primer Reporte de la Corrupción en el Perú” y resume dicho trabajo en la siguiente expresión: “El Perú pierde S/12 mil millones al año por este motivo”.
Es decir, lo expresado por Jara no estaba muy lejos para esa oportunidad al señalar todo lo que causa el desvío de recursos que fácilmente pudieron destinarse a financiar diversos proyectos, y como remarca el defensor Walter Gutiérrez: “Con lo perdido por causa de este flagelo se alimentaría por tres años a las personas que viven en pobreza, es decir, a 1.3 millones de peruanos. Además, se financiarían todos los programas sociales por dos años”.
Este informe de Defensoría es una importante herramienta para diseñar estrategias de intervención a las personas que a costa de los recursos públicos han lucrado.
En la actualidad -dice la Defensoría- hay 32,925 casos a nivel nacional en delitos de corrupción, donde el 50% de los casos en trámite en todo el país son de peculado (36%) y colusión (14%), mientras que el tercer delito más frecuente es cohecho activo genérico (8%).
Falta dar con aquellos delincuentes de “cuello blanco” para que el país recupera la confianza en su sistema de justicia.
Fuente Diario Correo
