La mayoría de gobiernos regionales y municipales financian sus obras con esta partida. En los últimos años recibieron más de S/. 32 mil millones. Hay la sensación que esos recursos no se utilizaron bien. Urge replantear el esquema. Gastar en obras de enorme impacto social.
El canon minero es el dinero que reciben los gobiernos regionales, locales y universidades. Se financia con 50% del Impuesto a la Renta (IR) que pagan las mineras al Estado. Esta fórmula que apuntaba a descentralizar los fondos públicos, se aprobó en el gobierno transitorio de Valentín Paniagua (2000-2001). En diez años los gobiernos subnacionales recibieron S/. 32 mil 649 millones por este concepto.
Las transferencias más significativas corresponden a 2007, época del boom en que las mineras incrementaron sus ganancias. Ascendieron a S/. 5 mil 157 millones. Desde ese año las cifras variaron. En 2013, el panorama cambió abruptamente por la caída (entre 20% a 25%) del precio de los metales, que afectó la rentabilidad de las compañías mineras.
El recorte del canon desató una ola de reclamos. Alcaldes y presidentes regionales pidieron compensaciones. La situación no parece temporal. Se estima que la tendencia para los próximos tres años será peor, según un informe de Apoyo Consultoría. En 2016 canon se reducirá en 50%.
EN QUÉ SE GASTÓ
El canon representa casi el 80% del presupuesto que destinan las gestiones regionales y locales para sus obras. En la época de vacas flacas surge la pregunta: ¿Se invirtió bien estos recursos en diez años de transferencias? Rodolfo Marquina, jefe de Desco, entidad que fiscaliza el uso de la partida, es claro. Afirma que no hubo un uso correcto. Se hicieron proyectos de muy poco impacto social, que no ayudaron a reducir la pobreza o a generar infraestructura para convertirnos en competitivos. Los criterios de distribución no terminan siendo muy justos. Hay municipios, vecinos al asiento minero, que reciben enormes cantidades de dinero con necesidades menores a las de otros con mayor concentración de habitantes y que tienen numerosas demandas insatisfechas de servicios. Por ejemplo, el municipio provincial de Arequipa, cuyas obligaciones son metropolitanas, apenas recibió S/. 4 millones este año, en cambio el distrito de Cerro Colorado, 45 millones y los ejemplos sobran. El antropólogo social José Lombardi Indacochea advierte la dispersión de los fondos. “Los alcaldes deben aliarse para obras de impacto, uniendo sus recursos. El gasto no debe medirse cuantitativamente sino cualitativamente”. El fracaso de esas alianzas se hizo visible en Arequipa en 2007. En ese año, los alcaldes distritales se comprometieron a financiar la planta de tratamiento para descontaminar el río Chili que recibe las aguas servidas de la ciudad. Debían aportar el 10% de su canon, la mayoría incumplió. Ahora la obra la hará la minera Cerro Verde y a cambio se llevará el agua residual para sus operaciones, una contraprestación que ha generado críticas. Marquina también añade que hay una especie de «obrismo individual y muchos elefantes blancos”. En un anexo llamado Yacango, en el distrito moqueguano de Torata, se construyó un estadio para 1,700 espectadores y la población en total no supera los 600. La obra no se justifica en un área de influencia en donde se carece de servicios básicos como agua y desagüe.
El dinero no solo se ejecutó en forma deficiente. En muchos casos se guarda bajo el colchón. De acuerdo a cifras del MEF, el saldo de balance al 2013 por canon minero asciende a S/. 2 mil 059 millones. Quienes tienen mayor cantidad de dinero sin utilizar son aquellos que recibieron mayores partidas como: Áncash (S/. 446 millones), Arequipa (S/. 319 millones), Cajamarca (S/. 224 millones), La Libertad (S/. 276 millones), Tacna (S/. 196 millones) y Cusco (S/. 187 millones).
En contraste, hay otros gobiernos regionales como el de Moquegua, cuyo gasto llega a más del 90%.
El asesor del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y exministro de Agricultura, Carlos Leyton, reconoce que el manejo de estos presupuestos no ha sido óptimo, aunque relaciona ello a la falta de experiencia en gestión pública. Los equipos técnicos no saben plantear un proyecto. La planificación de una obra puede durar dos años y medio, más de la mitad de la gestión. Además debe someterse al rigor del Sistema de Inversión Pública del MEF, que muchas veces rechaza esos expedientes debido a deficiencias en la formulación.
El presidente regional del GRA, Juan Manuel Guillén, agrega que el canon es una partida imprescindible, no obstante, para que genere impacto social debe permitirse “la inversión a largo plazo y que sea sostenible en el tiempo, como Majes II. En este proyecto Arequipa destina S/. 57.7 millones como cofinanciamiento de forma anual.
El congresista Juan Carlos Eguren plantea algunas opciones ante una tendencia a la baja del canon. Por ejemplo, un fondo de inversión regional. Este concentrará los saldos de balance que no pudieron utilizarse. El fondo financiará los proyectos de los gobiernos regionales sin presupuesto. Eguren también insiste en una redistribución interna para que el dinero llegue a quienes lo necesiten. De igual forma, la redistribución del gravamen minero creado por Humala y que el 70% de éste se quede en las regiones. El debate todavía da para más.
Es hora de replantear el uso de canon.
Fuente La República
