El incremento del precio de los minerales en el mercado fue determinante para que las partidas presupuestarias de inversión, vía canon minero y regalías mineras, de los gobiernos locales, aumentaran considerablemente.
Si en el 2006 los 109 gobiernos locales de Arequipa recibieron en conjunto 53 millones de soles de canon minero, en el año 2012 la transferencia de este recurso llegó a los 586 millones. ¿Aprovecharon los gobiernos locales el canon minero durante el boom de los precios? Vamos a ensayar una respuesta que vaya más allá de los datos cuantificables y hablaremos de la calidad del gasto.
Del análisis de la ejecución del rubro Canon, Sobrecanon, Regalías y Participaciones (CSCRP) entre el periodo 2008 – 2012, se desprende que más del 50% del presupuesto se gastó en las funciones de transporte; planeamiento, gestión y reserva de contingencia; y cultura y deportes. La inversión social (educación, salud y saneamiento) no fue una prioridad en este periodo, alcanzando solo el 17% del gasto. Es decir que el canon minero, el recurso más importante dentro del rubro CSCRP, no fue priorizado para acortar las brechas sociales, con excepción de la infraestructura vial, donde sí hubo avances.
Detengámonos en la función de saneamiento. Según el INEI, el porcentaje de hogares arequipeños que cuentan con un abastecimiento de agua de una red púbica (casa, edificio, pilón público) llega al 87%, y el resto se tiene que proveerse de cisternas, pozos, acequias, manantiales, etc. Respecto al desagüe, solo el 76 % de viviendas cuenta con servicios higiénicos conectados a una red pública, el resto utiliza pozos sépticos, letrinas, etc. Aquí hay una brecha por cerrar, sobre todo en el sector rural, donde las diferencias son más grandes.
La inequidad de la distribución del canon no solo se da a nivel nacional, sino a nivel local. Así tenemos que más del 70% del canon minero del departamento se distribuye en la provincia de Arequipa y dentro de esta, son 10 municipalidades (Tiabaya, Uchumayo, Yarabamba, Cerro Colorado, Paucarpata, Yura, La Joya, Socabaya, Cayma y Alto Selva Alegre) los que se reparten el 74% de este recurso. A pesar de la inequidad, y de contar con menores recursos de este rubro, los gobiernos locales de las otras provincias de Arequipa también dejaron el gasto social en la cola de la priorización.
Algún funcionario municipal me explicó que la atomización de los recursos del CSCRP y la decisión sobre en qué se gastaba obedecían a los requerimientos de inversión de la población en los procesos de presupuesto participativo. Ante este argumento, cabe preguntar ¿dónde queda la capacidad de dirección y administración de las autoridades ediles? Son ellos los que tienen que explicar a los agentes participantes cuáles son las necesidades de su localidad en función a sus planes de desarrollo, qué proyectos son los prioritarios y cuáles se deben postergar por el bien común.
Este año, como ya es sabido, el canon minero sufrió un recorte considerable y se prevé que el 2014 la tendencia será a la baja. Las municipalidades locales tendrán que maximizar un presupuesto más acotado en el futuro, sacarle el mayor provecho posible. Para que esto pase tendría que haber una modificatoria en la Ley del Canon para que se priorice la inversión pública local en función a las brechas existentes en necesidades básicas. No es posible que se continúe gastando en parques, canchas y coliseos, cuando todavía hay un porcentaje de la población que no cuenta con agua potable, desagüe, ni sistemas para el tratamiento de aguas servidas. Aún no es tarde para que la inversión de la renta minera sea de calidad y ayude a resolver los problemas básicos de la comunidad.
Opinión. Patricia Pinto. Área de Comunicaciones de Desco.
Fuente La República
