Ministerio Público (MP): Ahorita ustedes son los protagonistas. Luego lo será el Poder Judicial (PJ). El fiscal de la Nación debe ser como el entrenador. Escoger bien a sus jugadores (fiscales) y aislarlos de la prensa para que se concentren en el partido (el Caso Lava Jato). Sería bueno reforzar el elenco con economistas y especialistas en procesos de inversión privada y obras públicas, para que los ayuden a detectar las posibles irregularidades en el papel. Eso no va a servir para probar ningún delito, pero sí para saber dónde poner la lupa.
Ya deben estar convencidos de que, por estrategia y capacidades, lo esencial para su investigación y posteriores acusaciones viene de afuera. Odebrecht y demás constructoras brasileñas deben estar más preocupadas por sus acuerdos de colaboración (delación compensada) en EE.UU., Brasil o Suiza que en el Perú. ¿Por qué? Es sencillo: las penas y reparaciones civiles de allá –por sus propias leyes y por la magnitud de los casos de corrupción– son más fuertes. La “carne” está en el extranjero. Si el MP logra acceder al detalle de todos los reconocimientos de casos ilícitos que involucran al Perú presentados ante el Departamento de Justicia de EE.UU. (cuya norma FCPA sanciona los casos de corrupción internacional), punto para Perú.
A estas alturas debe ser muy poco lo que puedan conseguir con incautaciones y allanamientos como reclaman los nostálgicos de algún show policial noventero (¿en serio creen que toda la evidencia incriminatoria no ha sido borrada ya de los servidores y oficinas locales?). Pero si, quizá y solo quizá, pudieran recuperar algo de lo eliminado con un software forense, necesitan acotar su investigación. Personajes y fechas claves. Si sucumben a la presión mediática y buscan delitos en la época de Morales Bermúdez (con seguridad, ya prescritos), les deseo buena suerte encontrando la aguja en el pajar.
Poder Ejecutivo: No metan la pata. Saben que no tienen mucho margen de maniobra. Legalmente, no pueden botar a Odebrecht ni resolver unilateralmente sus contratos sin evidencia judicialmente probada de ilícitos, pero tampoco tienen que contratarlos de nuevo ni salvarlos. Sáquense la idea de que pueda existir alguna obra “too big to fail”. Chau gasoducto. Si hubo corrupción, cualquier megaobra puede y debe caer. El mensaje debe ir por ese lado. Aun si fuera cierto que “no todo lo que ha hecho Odebrecht en el Perú es corrupto”, eso le corresponde alegar a sus abogados defensores. A ustedes alejarse y repudiar todo lo que siquiera tenga apariencia de tal.
Congreso: Por especialidad y potestades, difícilmente van a encontrar algo jurídicamente relevante. Seamos sinceros. No es que la Comisión Lava Jato vaya a lograr mucho preguntando a la presidenta del OSCE “¿usted ha recibido alguna coima de las empresas brasileras…?”, salvo provocar risas y vergüenza ajena. Si presumimos su buena fe y de verdad quieren encontrar a los culpables, lo mejor que pueden hacer es llegar a acuerdos informales con el MP y PJ, para que les compartan alguna ‘pepa’ y con ello cierta cuota de protagonismo, a cambio de apoyar y no entorpecer los procesos judiciales.
Periodistas: Por lo que más quieran, lean y conversen con especialistas. Están cayendo en el mismo circo que tanto critican al Parlamento y en la misma ‘posverdad’ donde importa más el ‘feeling’ que los hechos. La próxima vez que sientan un impulso para tuitear o gritar a viva voz: “¿Por qué no han encarcelado ya a fulano?” o “¡Resolvamos todos los contratos de mengano y expulsémoslo del país!”, alcen el teléfono, llamen a un penalista y a un especialista en procesos de inversión privada (que no es lo mismo que contrataciones del Estado) y pregunten.
Fuente El Comercio
