Administrar una casa grande multiplica los retos de cualquier administración familiar. Caracteres, expectativas, sueños, opiniones y demandas diferentes.
En nuestra gran casa, entre otros muchos problemas, tenemos agazapados a personajes que pretenden vivir del dinero que todos aportamos de nuestro trabajo, y que asumen que no les pasará nada. Porque, finalmente, la corrupción ha carcomido nuestra capacidad de indignación y de respuesta frente al atropello y al delito cometido contra nuestro bienestar y desarrollo.
Por ello, los decretos legislativos que hemos aprobado en materia de lucha contra la corrupción apuntan a terminar con la impunidad y a cerrar los espacios que la permiten o que nos mantienen silentes frente a ella. Para lograrlo, nos hemos enfocado en tres aspectos: prevención, persecución y sanción, y reinserción.
Para prevenir, necesitamos detectar la corrupción a tiempo. Y ello solo es posible con una administración transparente y con sistemas de información que nos permitan ver y denunciar. Por ello, hemos creado la Autoridad de Transparencia, que se encargará de supervisar y garantizar que se cumpla la ley de transparencia y se sancione a quien no la cumpla.
En esa misma línea, hemos aprobado modificaciones a la ley de gestión de intereses, para que podamos reconocer la que es legítima e identificar y sancionar la que no lo es. También un decreto que permitirá establecer las relaciones de parentesco para poder investigar basados en información oportuna y evitar posibles conflictos de interés.
Asimismo, hemos hecho más de 40 modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado, para impedir el aprovechamiento de vacíos legales y para que el Estado compre lo mejor y al mejor precio. Además, ningún corrupto identificado podrá volver a trabajar o contratar con el Estado, y la procuraduría general queda revestida de una protección que permitirá que ningún gobierno interfiera en su labor. La simplificación de trámites va en la misma línea: cerrarle espacios a la corrupción. No se trata de una sola medida, sino de un conjunto que, sin lugar a dudas, nos brinda nuevas herramientas para prevenir la corrupción.
Si aun así un corrupto se cuela, debemos poder perseguirlo y sancionarlo. Por ello, además de que los corruptos no podrán volver a trabajar en el Estado, se ha incorporado en la legislación la responsabilidad administrativa y penal de las personas jurídicas involucradas en actos de corrupción. Y ahora, los abogados que pretendan dilatar los procesos judiciales serán sancionados. También hemos aumentado la protección para los ciudadanos que denuncien actos de corrupción.
Cuando finalmente se identificó y sancionó al corrupto, la cárcel debe permitirle prepararse para la libertad y para encontrar una forma diferente y decente de vivir. Sin cárceles seguras, no habrá calles seguras. Pero nuestras cárceles están en crisis. Por eso hemos dado leyes que nos permitirán, en el mediano plazo, tener centros penitenciarios que den seguridad y oportunidades dentro de sus muros, pero también reglas de conducta claras. Queremos recuperar a los ciudadanos y dejar en la cárcel a los delincuentes. Por eso también hemos aumentado las penas para miembros de organizaciones criminales, de 6 a 15 años, y para sus cabecillas, de 15 a 20 años. Por su parte, la vigilancia electrónica nos permitirá la conversión de penas o beneficios para gente que no represente un peligro y cuya libertad no ofenda a quien fue su víctima.
El objetivo final es fortalecer el sistema de administración de justicia en su integridad. Y por ello los decretos legislativos aprobados fueron trabajados en coordinación con las instituciones del Acuerdo por la Justicia, para identificar vacíos y asumir compromisos. Como el del Poder Judicial, de transparentar sus sentencias para conocer a los jueces íntegros y juzgar debidamente a quienes no lo son. O como las propuestas del Ministerio Publico para facilitar los procesos de investigación. Los ciudadanos también aportaron, representados en una Comisión de Integridad que entregó 100 recomendaciones y de las cuales hemos implementado más de la mitad.
¿Qué nos queda por delante? Que tanto el Ejecutivo como el Congreso y las instituciones del sistema de justicia ejecutemos el resto de recomendaciones de la Comisión de Integridad. Dentro de esos pendientes hay una reforma fundamental: la reforma política, que nos compromete a todos. Sin ella, será difícil revertir la situación que afronta hoy el sistema político. Y sin ella, la democracia se debilitará. Hay que separar a los corruptos vengan de donde vengan. No podemos seguir permitiendo que se infiltren en nuestro tejido social y lo debiliten.
Esta tarea, la de contar con partidos democráticos sólidos, con financiamiento de campañas que sean transparentes, sin deudas ni favores que luego generen direccionamiento de obras, sobornos y corrupción, es el mayor reto para todos. La casa grande nos exige acción y una defensa férrea de los valores que nos definen: libertad, justicia y solidaridad.
Fuente El Comercio
