El juez Jaime Elías Lequernaqué, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes, dictaminó diez meses de prisión preventiva para Raúl Alberto Luperdi Castañeda, implicado en el presunto delito de colusión en la compra de un terreno para la construcción del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Tumbes (UNT).
Para siete funcionarios inmiscuidos en el caso, el juez ordenó comparecencia con restricciones y el pago de una caución económica en el plazo máximo de treinta días, bajo apercibimiento de que se ordene su internamiento en el penal de Puerto Pizarro, en caso no cumplan con su mandato.
El juez dispuso que cada uno firme un cuaderno todos los meses, prohibió que cambien de domicilio sin autorización del Juzgado, y también restringió su salida de la región, además de no concurrir a lugares de dudosa reputación.
Los demás implicados son; José Cruz Martínez, exrector de la UNT a quien el magistrado le ordenó el pago de 26 mil soles.
Dante Rodríguez Ruiz deberá cancelar 13 mil soles, Diego La Rosa Boggio 10 mil soles, Luis Alberto Chávez Roncal 6 mil soles, Claudio Olaya Olaya 13 mil, José Serrano Morán tendrá que pagar 18 mil soles, y Luis Saavedra Benites debe abonar 6 mil soles en favor del Estado.
Respecto a los investigados Selene Mendoza Guerrero, Rosillo Morán, Lavalle Dios, y otros, el juez programó la audiencia de prisión preventiva para el próximo 20 de julio por la mañana a pedido del fiscal a cargo del caso.
Vale precisar que el Ministerio Público solicitó esta reprogramación en vista de que estos trabajadores y sus abogados no se presentaron a la audiencia.
Respecto a la comparecencia con restricciones, el magistrado justificó su decisión en el hecho de que los investigados han logrado acreditar su arraigo personal y familiar a través de sus constancias de trabajo, certificados matrimoniales, así como otros documentos, empero en el caso de Luperdi, su abogado Roberto Urbina no presentó ningún documento que acredite su arraigo familiar, por ello es que fue enviado al recinto penitenciario de Puerto Pizarro.
Pruebas. El juez Elías Lequernaqué determinó en su resolución que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los investigados con el delito de colusión en agravio de la Universidad Nacional de Tumbes.
Indicó que existió concertación entre la UNT y el comprador del terreno en desmedro de la entidad universitaria del Estado.
VALORIZACIÓN REAL. El terreno fue adquirido a 2 millones 440 mil soles, sin embargo según la tasación realizada por el perito de la Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), determinó que el terreno adquirido por la UNT a Serrano Morán asciende sólo a un millón 222 mil 143. 91 soles.
Por tal motivo, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios concluyó que se ocasionó un perjuicio económico a la universidad de 1 millón 217 mil 895. 09 soles.
Es preciso indicar que la Contraloría General de la República realizó un informe sobre el proceso de compra del terreno donde actualmente funciona el Centro de Idiomas de la UNT.
Este informe fue elevado al Ministerio Público a efectos de que se incluido en el proceso de investigación.
El máximo órgano de control también concluye en que se ocasionó un perjuicio económico al Estado de más de un millón de soles, en esta compra.
En el informe se detalla la responsabilidad de cada uno de los funcionarios implicados.
Fuente Diario Correo
