¿Se debe poner restricciones a los condenados por terrorismo que salen en libertad?
Sí, pero no de manera permanente ni absoluta, porque también el Estado tiene que tener la posibilidad de reintegrar. Entiendo que hay un ex terrorista que hoy día es una suerte de pintor o actor, tiene vocación de reincorporarse a la sociedad. Pero el Estado tiene que tener filtros para que las personas auténticamente se reincorporen a la sociedad.
¿Qué tipo de filtros?
Uno concreto es que, al cumplir la pena, de manera inmediata no puedan incorporarse a sectores sensibles, como la educación o tener cargos de representación. Podrían pasar algunos años para que puedan tener esa posibilidad.
Javier Velásquez presentó un proyecto para impedir que condenados por terrorismo accedan a programas sociales.
Cuidado. Si ellos tienen recursos económicos, no deberían acceder a Pensión 65, pero tampoco podemos deshumanizar al Estado. Es como decir que un ex terrorista no puede ir a un hospital.
En 25 años, al gremio no le pareció que la conducta de Huatay afectaba a la abogacía.
Hace 25 años no vi que los medios se preocuparan, tampoco el Colegio ni el Congreso. Como sociedad no nos hemos ocupado de este tema. Como dijo el congresista Edmundo del Águila, no nos hemos preparado para el post-Sendero.
Se plantea sancionar a gobernadores y alcaldes que contraten a condenados por terrorismo. ¿Está de acuerdo?
La batalla la ganaremos en el debate, en la civilidad, en la madurez como Estado. ¿Por qué construir muros? Un muro no detiene las ideas.
Según el procurador antiterrorista Milko Ruiz, los principales dirigentes de Sendero le deben al Estado 3.700 millones de soles como reparación civil…
En el Perú no tenemos una cultura ni una normativa de reparación del daño por corrupción y por terrorismo. Esa es nuestra realidad. En otros países existen tablas. Entre a Google y encontrará que hay 200 años de experiencia en el sistema anglosajón. Le doy una primicia: en menos de tres semanas sacaremos un informe sobre el costo del daño en materia de corrupción en el Perú. Hemos revisado 300 casos cerrados y cómo es que se calculó el daño y cómo se cuantifica en otros países. Es un marco que puede aplicarse al caso del Gasoducto del Sur o de la Línea Amarilla.
¿Nos menciona un caso?
No.
¿Tienen que ver con inversión pública?
De esos 300 tenemos una docena de casos emblemáticos.
¿Ayudará a que se cumpla el Decreto de Urgencia 003, que regula la reparación civil de las empresas corruptas?
El Decreto de Urgencia 003, dado hace diez meses, le dice al procurador «tú calcula el daño». Hace pocas semanas ha salido un aviso del Ministerio de Justicia convocando a un consultor para que calcule el daño. Diez meses después, vamos a empezar a hacerlo, cuando falta poco para que termine la vigencia de la norma. La procuraduría no conoce, el Ministerio de Justicia no hizo su trabajo de cuantificar el daño.
¿Es muy difícil hacerlo?
No es un enigma, hay 200 años de experiencia, varios modelos en los países europeos. Está el costo de oportunidad. ¿Qué pude haber hecho con el dinero perdido? En Italia los jueces cuantifican cómo el acto de corrupción ha dañado la reputación pública, y lo objetivamente sustraído lo duplican o lo hacen crecer.
Hay compañías grandes que tienen millonarias deudas tributarias con el Estado. Pluspetrol dejó 92 lugares contaminados en el lote 192 y debe 110 millones de soles. ¿Qué hacer?
Usted tiene en el Tribunal Constitucional empresas que están discutiendo acotaciones tributarias. Si eventualmente se declaran fundados esos amparos, va a ser terrible. Sin embargo, esas mismas empresas quieren contratar con el Estado. El Estado tiene que tener mucho cuidado con ellas.
¿Por ejemplo?
Me estoy refiriendo a Scotiabank, a Telefónica…
Telefónica debe 4.076 millones de soles.
Sí, no tengo ningún ambages en decirlo. Estos litigantes hostiles utilizan el Derecho para retrasar el pago. Y luego dicen «como te has demorado en el juicio, no me cobres intereses, solo te pago el capital».
Hoy ningún ministerio tiene impedimentos para contratar a una empresa que le debe millones al Estado. ¿No se tendría que regular eso?
Sí. No creo que haya que proscribir, pero yo sí les bajaría el puntaje o buscaría algún mecanismo para ponerlos a estos señores, si no en la cola, por lo menos atrás en los concursos públicos.
Fuente La República
