El decreto de urgencia que pone candados a la venta de los activos de Odebrecht y de otras empresas que hayan reconocido el pago de coimas o sean sentenciadas por corrupción fue promulgado ayer y entró en vigencia.
Las medidas, que buscan garantizar el pago de la reparación civil, se aplican a los representantes condenados en el país o en el extranjero por delitos contra la administración pública o lavado de activos.
Tal como lo anunció el domingo el presidente Pedro Pablo Kuczynski, se suspende el derecho a transferir al exterior el íntegro de sus capitales, incluyendo la venta de sus activos, acciones o liquidación parcial o total de esas empresas.
Los candados se abren cuando la compañía pague el “íntegro de la reparación civil”. Para recaudar el dinero, se crea el fideicomiso especial, que será administrado por el Banco de la Nación.
“Los consorcios que han sido limpios pueden seguir operando. La idea es protegernos vía la reparación civil, pero también asegurar que la actividad económica de esos proyectos siga andando”, explicó el premier Fernando Zavala.
Dijo que el decreto contempla la manera de pagarles a los consorcios: “Una plata queda en el fondo y otra es liberada para el flujo corriente de la actividad económica”.
“No puedes perjudicar a trabajadores, acreedores y proveedores. (…) Se establece un mecanismo interesante: pagas a estos involucrados, pero hay un margen que se tiene que quedar en el fondo”, aseveró el primer ministro.
Mencionó, además, que si el Gobierno Regional de Lambayeque quiere vender el proyecto de irrigación Olmos, debe usar este procedimiento.
En diálogo con Perú21, el economista Manuel Romero Caro consideró que la medida es “muy buena, pero tardía”. Advirtió que lo importante ahora es calcular el monto de la reparación civil sobre la base de las ganancias ilícitas.
Estimó que el fideicomiso podría no alcanzar para cubrir las reparaciones, dado que las compañías involucradas en presuntos actos de corrupción ya vendieron buena parte de sus activos.
SABÍA QUE
El decreto tiene una vigencia de un año.
La norma precisa que el Estado deberá asegurar que los recursos transferidos a los concesionarios o contratistas se destinen exclusivamente a garantizar la continuidad y operatividad de las obras.
“Las medidas han sido buenas, pero no terminan de complementar un sistema anticorrupción”, afirmó Marisa Glave (FA).
Dijo que se debió incluir el delito de colusión en la norma sobre los activos de las empresas corruptas.
Fuente Peru21
