Para el ex procurador anticorrupción Yván Montoya, la posibilidad de que el Ministerio Público haga un trato diferenciado con la empresa OAS, quien pide seguir contratando con el Estado a cambio de entregar información en los procesos en que se encuentra involucrada, podría abrir una ventana para beneficiar a otros implicados.

Desde hace meses, la constructora brasileña OAS busca negociar con el Ministerio Público la entrega de información a cambio de que se le permita acceder a contratos de obras públicas en el país. ¿Esto es posible para una empresa vinculada a casos de corrupción?

Para ello la Procuraduría y el Ministerio de Justicia deberían tener un tratamiento benigno con OAS y con ello romperían lo que hasta este momento hemos escuchado sobre el tratamiento que va a tener el gobierno con estas empresas. El Decreto de Urgencia 003 está vigente y la ministra ha sido enfática en señalar que más allá de que nos guste o no, se debe aplicar. Es muy difícil que el acuerdo al que pretenden llegar escape al ámbito de aplicación del decreto.

OAS ha ofrecido entregar información sobre aportes y contratos en las gestiones de Luis Castañeda y Susana Villarán, además de contar sobre la participación de los consorcios peruanos en los pagos de sobornos y aportes a campañas. Información bastante importante que el Ministerio Público no querrá dejar pasar.

Si se aplica una excepción a OAS no puede haber un trato diferenciado, permitiría abrir esa ventana a otros involucrados. No se podría. Pero aquí hay dos temas. Desde la perspectiva de tratar de negociar algún tipo de ventaja desde el ámbito punitivo estrictamente, es decir, sobre el tipo de pena o el tipo de beneficio respecto a medidas cautelares de detención, sí es posible que se converse con el Ministerio Público, y en ese punto el Decreto 003 no lo impide. Ahora, desde el punto de vista de la reparación civil, allí sí que no puede sentarse a conversar con el Ministerio Público. Aquí el protagonista es la Procuraduría y quien directamente regula esa parte.

¿OAS podría transferir sus activos a un tercero a pesar de estar involucrada en casos de corrupción?

Cualquier venta de activos o traspaso de obras vinculadas a los proyectos en los que se encuentre OAS toca aspectos vinculados a la reparación civil y se debe tratar con la Procuraduría como el Decreto de Urgencia 003 lo exige. Ahora, de que pueden transferirlos pueden hacerlo, pero debe seguir el procedimiento, que consiste en solicitar la transferencia al Ministerio de Justicia, quien a su vez lo comunica a la Procuraduría. Entonces, esta entidad fija un monto de reparación civil y luego de ser pagada se procede a confirmar la transferencia de activos.

¿Puede permitir la justicia peruana este tipo de condicionamiento de información por parte de OAS?

De eso se trata la colaboración eficaz, de una negociación. Tranquilamente OAS podría decir: si no me brindan lo que quiero no entrego información. Y el Ministerio Público decirle: tampoco estoy dispuesto a brindarte más beneficios si no me das mayor información. Y se acabó.

Fuente La República