La Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima inició un proceso de pérdida dominio sobre los bienes pertenecientes al exmandatario Alejandro Toledo Manrique.

Como se recuerda, el ex presidente de la República es sindicado por el Ministerio Público de haber recibido US$ 35 000 000 de la constructora brasilera Odebrecht con la finalidad de favorecer a la empresa en la licitación de los tramos II y III de la Interoceánica.

Asimismo, Toledo Manrique abandonó la prisión de Maguire luego de que el juez Thomas Hixson, de la Corte del Estado de Norte de California admita el pedido de la defensa de político peruano ante el riesgo de padecer de coronavirus COVID-19.

Luego que Eliane Karp y allegados de Toledo lograran reunir US$ 500 000, monto fijado como fianza, el expresidente salió del recinto penitenciario y fue inmediatamente enviado a su domicilio en la Bahía de San Francisco.

Conforme informó El Comercio, se notificó al fiscal integrante del Equipo Especial Lava Jato José Domingo Pérez y a la Corte Suprema de Justicia con el objetivo que se remita información acerca de los procesos de investigación y extradición contra Alejandro Toledo.

Sobre ello, el abogado del fundador de Perú Posible, Roberto Su, manifestó que, hasta el momento, no recibió notificación alguna al respecto. No obstante, recordó que sí tiene conocimiento sobre el inicio de la investigación.

“Lo que sabemos es que se viene armando un expediente en el que requieren afectar los bienes del señor Toledo. Pero dos de ellos (Las Casuarinas y Torre Omega) ya están afectados, por lo que, posiblemente, quieran hacer la transferencia oficial de éstas a nombre del Estado, pues Josef Maiman reconoció que a él se le entregó el dinero ilícito, y que con eso, compró la casa de Las Casuarinas”, comentó Su.

Además, el letrado afirmó que, parte de la hipoteca que su patrocinado pagó por los bienes de Punta Sal y Camacho fue con dinero prestado por el empresario israelí Josef Maiman. Por tanto, sostuvo, que el Ministerio Público buscaría afectar el porcentaje cada uno de los domicilios.

“Hay que tener en cuenta que, mientras no se establezca la responsabilidad penal [de Alejandro Toledo y Eliane Karp] los bienes no pueden ser afectados”, añadió Roberto Su.

La pérdida de dominio es el mecanismo que faculta al Estado rastrear los bienes que un investigado adquirió con fondos ilícitos. Este proceso se tramita mediante la vía judicial de manera separada a los procesos o posibles condenas.

Fuente La República

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