El ex gobernador regional del Callao, Félix Moreno, había anunciado que para 2015 estaría culminada la construcción del tramo chalaco de la Costa Verde, adjudicado a Odebrecht por 302,7 millones de soles. El proyecto avanzó hasta el 88,6%, pero se detuvo porque antes de que estallara el caso Lava Jato, la Contraloría General de la República denunció por corrupción a varios funcionarios regionales. Con la intención de no perder el proyecto, cuyo costo se elevó hasta 480 millones de soles, la constructora brasileña interpuso un arbitraje contra el gobierno chalaco, manteniendo en suspenso la terminación de la costosa vía.

El arbitraje se ha convertido en un mecanismo de enriquecimiento ilícito por parte de empresarios inescrupulosos que buscan aumentar los montos originales de las obras públicas, como sucedió con Odebrecht, una práctica que se ha difundido como una epidemia.

Un estudio de la Contraloría General de la República estima que 867 obras públicas en todo el territorio nacional están afectadas por los procesos arbitrales, y que de esa totalidad, estos ocasionan la paralización de la ejecución de 191 proyectos, cuya inversión se estima en 4 mil 693 millones de soles.

Pérdidas inaceptables

A la fecha, las obras públicas detenidas son 647. De este total, el 41% (265 obras) se debe a deficiencias técnicas o incumplimiento contractual; el 30% (191 obras) por los arbitrajes y el 12% (80 obras) por limitaciones presupuestales, entre los principales motivos.

Pero en términos del monto de las inversiones afectadas por las suspensiones, en el 30,2% de casos es por los procesos arbitrales (S/ 4.693 millones); el 20% por deficiencias técnicas e incumplimiento contractual (S/ 3.101 millones) y el 2,8% por limitaciones presupuestales (S/ 435 millones).

En conclusión, según la evaluación de la Contraloría, los procesos arbitrales son el principal motivo de que centenares de proyectos de infraestructura -carreteras, hospitales, escuelas, redes de agua y desagüe- hayan quedado en suspenso. Las manos que están detrás de los arbitrajes suelen ser las de la corrupción.

“Es importante señalar que las conductas ilícitas vinculadas a la solución de controversias entre el Estado y un contratista privado (los arbitrajes), no solo genera un perjuicio económico al Estado -en la medida que se sustraen caudales del erario público-, sino que también provoca un grave problema social, ya que en muchos casos la ejecución de prestaciones son interrumpidas precisamente por decisión de la entidad pública y del contratista que esperan que se resuelva primero su controversia (el arbitraje), en lugar de priorizar la culminación de las prestaciones derivadas del contrato”, explica puntualmente el reporte de la Contraloría.

Efectivamente, no solo se trata de dinero robado a los fondos públicos. La no culminación de las obras afecta con toda su fuerza a los pobladores a los que se había previsto beneficiar con la realización de la infraestructura de índole social.

Por ejemplo, el proyecto de Sedapal para el mejoramiento sanitario de las áreas marginales en la zona norte de Lima, previsto a un costo de 279,1 millones de soles, está compuesto por 13 obras independientes. Sin embargo, en seis casos el contratista requirió procesos arbitrales, lo que impidió la finalización de las obras. Los más perjudicados son los pobladores que no cuentan con agua potable.

En el 27% de los casos, los arbitrajes son planteados por los contratistas en busca de la ampliación de los plazos establecidos para la culminación de los proyectos de infraestructura. Y en un 22% los proveedores recurrieron a los procesos arbitrales porque las entidades públicas resolvieron los contratos por incumplimiento de los mismos.

Sin ninguna duda, el arbitraje, que se introdujo como una medida para evitar los procesos judiciales interminables, se ha transformado en una práctica de exacción de los recursos públicos. “Este problema genera profunda preocupación, ya que la mayor cantidad de arbitrajes en los procesos de contrataciones con el Estado, se presenta en los contratos para la ejecución de obras públicas”.

De acuerdo con la Dirección de Arbitraje del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), en la última década se ha registrado un crecimiento explosivo de la aplicación de los arbitrajes para la resolución de controversias entre las proveedoras y las entidades públicas nacionales, regionales y locales. En 2007, se hicieron 61 arbitrajes relacionados con obras públicas. Para 2017, dichos arbitrajes saltaron a 201.

Puerta de salida

Estas cifras que explican por qué existen centenares de proyectos de infraestructura pública abandonados en todo el país, también demuestran que los conflictos sociales se originan en las regiones del interior por el incumplimiento de las obras.

En efecto, de la totalidad de 867 proyectos suspendidos por arbitrajes, incumplimientos, corrupción, etc., el 22% (192 obras) corresponde al sector Agricultura, que es el encargado de una buena parte de las obras de reconstrucción en las áreas afectadas por El Niño Costero. El 20% (176 obras) pertenece al sector Educación; el 15% (132 obras) a Vivienda, Construcción y Saneamiento (proyectos de agua y desagüe en especial); el 11% (96 contratos) a Desarrollo e Inclusión Social (básicamente incumplimiento de entrega de productos para los programas de asistencia); y 10% (88 obras) a Transportes y Comunicaciones (habilitación de carreteras y puentes); entre otros.

Estas cifras permiten comprender por qué la construcción de la obra pública en el país es muy lenta y perjudicial. Y no solo se trata de dinero.

En esa línea, el contralor Nelson Shack ha presentado una iniciativa legal para que se completen los proyectos de obras públicas, en particular las congeladas desde hace medio año y han sido avanzadas hasta en un 80%. El régimen especial afectará directamente a 607 proyectos suspendidos, que involucran 9.291 millones de soles. Con la aprobación de la norma se acabará con el uso deliberado del arbitraje como medio para apropiarse ilícitamente de los fondos públicos.

Hay proyectos suspendidos desde hace casi 3 años

– En el sector Salud se ubican las obras públicas con mayor número de días de paralización. Son 27 proyectos con un promedio de 932 días de suspensión. En Educación son 149 contratos para la construcción de infraestructura que están congelados por 645 días. Y en Vivienda, Construcción y Saneamiento, suman 99 las obras paralizadas por 619 días.

– En el caso de Transportes y Comunicaciones, 71 adjudicaciones se encuentran sin concluir desde hace un promedio de 560 días. Y respecto al sector Agricultura, son 149 las obras pendientes de conclusión desde hace 548 días, Y en el sector Energía y Minas, son 22 los proyectos sin terminar desde hace 510 días.

– Y, sin embargo, se suponía que el arbitraje resolvería rápidamente las controversias entre los organismos públicos y los contratistas privados.

Fuente La República

Una Respuesta

  1. Avatar
    David Pastor

    Es increíble como se hace escarnio de un sistema de solución de controversias como es el arbitraje, que funciona en la mayor parte del mundo, tildándolo de sistema para “robar” erario publico, es fácil culpar al arbitraje para dar un chivo expiatorio al descontento popular que nunca entenderá la complejidad de este proceso, como cualquier sistema es susceptible de ser utilizado por los corruptos para beneficio propio, pero como tal, es también la única forma de que un privado haga valer sus derechos, el articulo no hace mención siquiera a la pésima calidad de los perfiles y expedientes técnicos que son aprobados y enviados a licitación sin el mas mínimo control de calidad y que son el inicio de las controversias, súmele a esto el desconocimiento y falta de capacidad de solución de estas controversias de los funcionarios públicos quienes en su mayoría son nombrados a dedo por las autoridades para poder tener el manejo de la torta de las obras y que muchas veces ni experiencia de ejecución de obras tienen, los que en ese descomunal desconocimiento de la aplicación de las normas pretenden hacer asumir al privado costos no previstos bajo el argumento de que es su obligación, para un empresario formal, llegar a arbitraje no es ningún negocio por que pueden pasar muchos años sin poder cobrar de ganar el proceso, se toma como ejemplo para desestimar el arbitraje el caso de empresas corruptas que han concertado con las mayores autoridades del país y que con esa anuencia, los prepuestos eran previstos con mucha diligencia para poder pagarlos; por que no hacen un estudio de cuanto dinero debe el estado en arbitrajes a pequeñas y medianas empresas y que son prácticamente incobrables, los convenios a municipios y gobiernos regionales que nunca consideran el reajuste de precios y en un gran porcentaje quedan como pendientes de cobro que la mayoría de empresarios que culminan sus obras no lleva a arbitraje por que a pesar de ganarlo, no cobraran, y finalmente, la cereza del pastel que son los pseudo contratistas amigos de las autoridades que ni siquiera a veces son profesionales del ramo, y creen que ejecutar una obra es como vender pan en una esquina, y que lo primero que hacen cuando obtienen los adelantos es pagar los favores y malgastar un dinero que no es de ellos sino de la obra, que a medida de que avanza se ven sin recursos por que empresario de la construcción no puede ser cualquiera, es una actividad compleja sujeta a diversos factores que la hacen muy susceptible a fracasar, y aun mas, también súmele que en los últimos años la norma de contrataciones facilitaba y protegía el direccionamiento de los procesos, en los que se han visto requerimientos inverosímiles dignos de la mas creativa imaginación del peruano, sin que ninguna autoridad haga o diga algo, que dijo Contraloria cuando esto pasaba, en que momento saco un estudio cuando el 99% de las obras era licitado con un ganador ya elegido de antemano, las nuevas leyes muestran un esfuerzo para frenar esta descomunal corrupción protegida por las mismas leyes anteriores, en la mayoría de los casos, están son las explicaciones de por que hay tantos arbitrajes, salvando excepciones, sin embargo, no se puede irresponsablemente culpar a un sistema de solución de controversias que si funciona, por determinados casos en particular, mientras personas equivocadas sean las que decidan como se invierte el dinero de todos, el problema seguirá con o sin arbitraje, el problema es ese, mantener y potenciar las leyes para generar la libre competencia, mejorar la calidad de los estudios y proyectos castigando ejemplarmente las “equivocaciones” de los proyectistas quienes nunca reconocen sus errores y solo tienen a reafirmarse en sus propios horrores sin ninguna ética profesional, en el supuesto de cerrar los ojos ante la realidad, claro, como no existen penas severas, que lo arregle la entidad o el contratista, asi tambien, castigar ejemplarmente a las empresas, empresarios y autoridades a los que se les haya demostrado ser corruptos, el problema no es tan simple, esos mismos que buscan chivos expiatorios ya estarán frotándose las manos de que las controversias de las obras, que es un tema especializado, lleguen a manos del poder judicial, ya que eso ensuciaría mas el tema y claro, a rió revuelto, ganancia de pescadores.

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