Victoria Espinoza García, elegida alcaldesa provincial del Santa (Áncash) en el 2014, recibió el último miércoles una nueva condena por el delito de colusión, debido a la compra irregular de semáforos inteligentes en su gestión.
En el 2015, Espinoza había sido suspendida del cargo debido a una condena por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, dos años después, logró la absolución en la Corte Suprema a través de un recurso de casación.
La alcaldesa del Santa, quien ahora postula a gobernadora de Áncash, es una de las cien autoridades sancionadas entre el 2015 y el 2018 durante el ejercicio de sus funciones.
Una revisión de los expedientes en los registros digitales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) muestra que, en estos últimos tres años, 31 autoridades subnacionales fueron vacadas y 12 fueron revocadas.
Además, 57 fueron suspendidas de sus funciones y 42 de ellas –todas alcaldes– mantienen la suspensión a la fecha.
De todas estas autoridades sancionadas, 15 fueron condenadas en última instancia. Otras seis tienen sentencias condenatorias que han impugnado en busca de una absolución.
Áncash es la región en la que más autoridades fueron sancionadas en este último período regional y municipal.
El caso más recordado fue el de Waldo Ríos, vacado en el 2107, debido a una sentencia por colusión desleal en agravio de la Municipalidad Provincial de Huaraz. Esto debido a las irregularidades detectadas en la ejecución de obras de electrificación entre 1999 y el 2000.
En la región, además, se han dictado órdenes de detención contra seis alcaldes, de los cuales cuatro siguen suspendidos por ese motivo. Además de Ríos, otras dos autoridades ancashinas han sido condenadas, dos fueron revocadas y una, asesinada por resistirse a un asalto.
Para el analista José Carlos Requena, la situación de Áncash responde a la gran cantidad de economías ilícitas que hay en esa jurisdicción, si se tiene en cuenta que es uno de los puertos más importantes del país.
“Tenemos el caso de César Álvarez que, si bien estalla en el 2014, desde el 2009 ya se tenía información de sus actividades ilícitas. Y si ves al gobernador con ese comportamiento, las demás autoridades caen por su propio peso”, sostuvo Requena, socio de la consultora política 50+1.
Las dos regiones que siguen a Áncash –además de Lima– en cantidad de autoridades sancionadas son Cusco y Apurímac. Para Requena, esto tiene que ver con que ambas regiones tienen corredores por donde sale droga. Allí, según su análisis, podría existir la relación entre actividades ilícitas y acceso al poder. Desde el 2002 en Cusco, recordó Requena, todos los gobernadores han acabado con acusaciones serias.
— Factores —
La politóloga Paula Muñoz contextualiza la problemática de autoridades sancionadas desde el relanzamiento apresurado del proceso de descentralización entre el 2002 y el 2003 y la posterior desaparición del Consejo Nacional de Descentralización.
“Existen dos procesos por considerar: la fragmentación política y la inexistencia de partidos sólidos, los cuales no sirven como filtros de candidatos y seguimiento de control a sus autoridades electas. Además de que no se fortalecieron las capacidades de gestión de los gobiernos regionales y locales”, explicó la investigadora de la Universidad del Pacífico.
Añadió que se avanzó poco en la lucha contra la corrupción. En el caso de Áncash y Cusco, Muñoz liga la estadística al canon que estas reciben por inversiones mineras. “Con la distribución del canon se multiplicaron los ingresos de las municipalidades y regiones, los cuales se volvieron un botín para muchas personas ambiciosas que buscan entrar a la política para tener el control sobre este, o crear empresas para contratar con el Estado o mafias que lucran”, afirmó.
En Lima, los alcaldes de Villa María del Triunfo, Chilca y Santa Rosa están detenidos por acusaciones de dirigir organizaciones criminales. Requena sostuvo que en la costa, de Tumbes a Ica, hay una ruta de mafias dedicadas al cobro de cupos por terrenos.
“Es algo que se viene dando hace años, en el caso de Lima fue más notorio en este período debido a que es un gran conglomerado, es la capital”, indicó.
El investigador advirtió acerca de la impunidad ante actividades ilícitas en ciertas regiones. Resaltó que en distintas zonas del país hay muchos casos de autoridades denunciadas o con procesos, pero sin ningún tipo de sanción.
“A esto se suma que los partidos reclutan en base a quién puede financiar más sus campañas, pero sin preocuparse mucho de dónde viene el dinero. Allí tienes la diferencia entre Keiko Fujimori y Fernando Cillóniz: Fuerza Popular ha preferido el nivel de financiamiento, en vez de alguien que busca luchar contra la corrupción en la región”, dijo.
Muñoz insistió en que se requiere una reacción multisectorial para atacar la corrupción, empezando por fortalecer la contraloría. En ese sentido, hay expectativa respecto al contenido en materia anticorrupción que tendrá el mensaje a la nación por Fiestas Patrias del presidente Martín Vizcarra.
Fuente El Comercio
