La corrupción es el problema estructural más importante que tiene nuestro país y que se ha venido acumulando desde hace siglos. Está en la raíz de muchas de las crisis sociales y políticas como la que vivimos hoy en día.
Pero hay que tener en cuenta que este problema no solo debe ser asumido por el gobierno, sino que debe ser atacado por toda la sociedad en su conjunto.
Los funcionarios públicos corruptos y los empresarios corruptores también peruanos, nacen en nuestras familias, estudian en nuestros colegios y viven en nuestras regiones.
Tan profunda es la crisis de valores, que las autoridades elegidas y funcionarios designados no comprenden que estamos aquí para servir y no para servirse del Estado. El poder que se nos otorga debe emplearse para el bien común y no para beneficio propio o de terceros.
Solo así se entiende que entre 2019 y 2022, la Contraloría General haya identificado presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales en más de 31 mil funcionarios públicos y se haya perdido por corrupción e inconducta funcional más de 95 mil millones de soles, es decir, casi el 13% de todo el Presupuesto General de la República ejecutado en este último cuatrienio.
Se imaginan ¿cuántas necesidades básicas de aquellos que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad se hubieran podido cubrir si esto no habría sucedido? Estimaciones arrojan que no existirían pobres ni pobres extremos en nuestro país, si evitamos la pérdida de la mitad de lo que se pierde anualmente y fuéramos capaces de ejecutar eficientemente esos recursos.
La gente entiende perfectamente lo que es un acto corrupto. Recientes estimaciones, a partir de las encuestas de Proética, reflejan que en el 2022 más de 2.1 millones de peruanos entregaron una coima para realizar un trámite o gestión, particularmente para acceder a servicios públicos que brinda la policía, el hospital, el juzgado, el colegio o el municipio.
Y 1.3 millones de ellos, es decir, 6 de cada 10, lo hicieron porque si no las cosas no funcionan.
El 78% de los peruanos en el mundo urbano creen que en general somos corruptos, no obstante, el 83% cree que él mismo no es corrupto. La doble moral y la crisis de valores que tenemos en la sociedad explican también estas cifras.
La corrupción solo podrá ser atacada si el ecosistema de control en la sociedad, es decir, el control público (del cual es parte el control gubernamental que lidera la Contraloría), el control privado o compliance y el control social funcionan articuladamente.
Solo así podremos cambiar también la desesperanza que hoy tenemos frente a esta lacra que está destruyendo las bases de nuestra convivencia pacífica. No hay gobernabilidad sin esfuerzo, confianza y esperanza. Necesitamos urgentemente dar señales de cambio.
Fuente Caretas
