Cusco se consolida en un vergonzoso primer puesto en el sur por tener funcionarios y autoridades, anteriores y actuales, enjuiciados por delitos de corrupción. Solo en juzgamiento por delitos contra la administración pública hay más de 1304 procesados, mientras que esa cifra crece exponencialmente cuando se incluye a los que están investigados en las fiscalías. Son casi 2000 casos que están en las fiscalías anticorrupción, y cada causa involucra desde cinco hasta a más de 20 personas.
La indignación también está creciendo. El presidente de la Corte Superior de Justicia Cusco, Wilbert Bustamante del Castillo, expresó ayer su enfado y preocupación por las últimas detenciones e intervenciones de servidores públicos por actos de corrupción.
Bustamante del Castillo consideró que esos hechos llevan a pensar que las municipalidades son gobernadas por bandas de delincuentes. “A veces da la impresión de que muchos de estos grupos que van en busca del sillón municipal son bandas de asaltantes para cometer delitos, organizaciones que van básicamente a saquear las arcas del Estado”.
En ese sentido, refirió que desde el Poder Judicial se hacen esfuerzos para combatir la corrupción y sancionar drásticamente a los involucrados en delitos contra la administración pública. Precisó que los jueces hacen su tarea una vez que el Ministerio Público abre investigación y acusa. «El Poder Judicial siempre actúa cuando se formula la petición del Ministerio Público».
REALIDAD CORRUPTA
Cada vez con más frecuencia los cusqueños son testigos de intervenciones, capturas y juicios por delitos de colusión, peculado, malversación de fondos, concusión, entre otros.
Por ejemplo, en menos de tres días cinco funcionarios, un exfuncionario y dos proveedores del distrito de Cusco, Echarati (La Convención) fueron capturados por apropiarse de 364 mil soles de una obra que nunca se hizo.
Asimismo, detuvieron a tres servidores de la municipalidad de Maranura por hacer trabajos con materiales de construcción de una obra municipal «fantasma» y obreros de la comuna cusqueña en la casa del alcalde Wilman Caviedes. La autoridad fugó, está no habido desde la noche del martes último.
Mientras tanto, en mayo fueron capturados los exalcaldes de San Sesbastián, Julián Incaroca Ninancuro, y de Vilcabamba, Juan Olivera Ricalde, que estaban fugados de la justicia. Incaroca tenía una condena de 9 años de prisión efectiva por lavado de activos y abuso de autoridad, y sobre Olivera pesaba una orden de prisión preventiva de 9 meses.
CULPA CIUDADANA
Si bien la corrupción es un acto personal o grupal, Bustamante considera que también hay un alto grado de responsabilidad de los ciudadanos que eligen a personas sin solvencia moral y trayectoria limpia.
«Hay que ser duros en enfatizar que esto también es una responsabilidad de la población votante. Creo que hay poblaciones votantes bastante tolerantes con la corrupción y ahora se debe trabajar para cambiar esa perspectiva».
Sugirió a los electores evaluar con cuidado la hoja de vida de los candidatos que quieren llegar a gobernar las municipalidades distritales y provincias, y el Gobierno Regional. «Que elijan a quienes consideren que van a trabajar, que obviamente no van a estar metidos en actos de corrupción que vemos a diario en los noticieros de nuestra ciudad», sugirió. Cabe precisar que entre los candidatos hay exfuncionarios y actuales autoridades con sendos procesos penales en marcha.
Fuente La República
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