La Contraloría General de la República ha reportado que en todo el país se encuentran paralizadas 867 obras públicas que comprometen inversiones por 16 mil 870 millones de soles. De acuerdo con el estudio del organismo fiscalizador, en el 30 por ciento de casos el motivo de la suspensión de la ejecución de los proyectos son los arbitrajes originados por los reclamos formulados en particular por las constructoras. Son 191 las obras detenidas por este tipo de procesos que pueden demorar años. En realidad, el problema es mucho más grande.

Que las empresas son las que generan los arbitrajes lo comprueba que del total de casos, la mayor parte se origina por el reclamo de los proveedores para la ampliación de plazo de la ejecución de la obra y para oponerse a la resolución del contrato debido al incumplimiento de los proveedores.

El arbitraje era una de las modalidades favoritas de la mafia de Rodolfo Orellana Rengifo para apropiarse de inmuebles que había usurpado a los verdaderos dueños mediante testaferros, o para sacarles más dinero a entidades públicas. También fue un mecanismo que Odebrecht convirtió en una de sus formas más eficaces de lograr el incremento de los montos originales de las adjudicaciones que había conseguido. El abogado Horacio Cánepa Torre era el “rey” de los arbitrajes truchos en beneficio de la constructora, aunque ahora pretende atribuir a otros la responsabilidad para tratar de evadir la cárcel mediante la colaboración eficaz. El contralor Nelson Shack ha presentado un proyecto de ley para reactivar todas las obras, planteamiento que incluye un artículo en el que se señala específicamente que los arbitrajes no serán motivo para la detención o postergación del cumplimiento del cronograma de edificación de la infraestructura pública.

De aprobarse la iniciativa de la Contraloría habrá un impacto social descomunal porque gran parte de las obras en suspenso corresponden a sectores íntimamente vinculados con las mayorías. La paralización alcanza a 192 adjudicaciones de Agricultura, 176 de Educación, 132 de Vivienda y Construcción, 96 de Desarrollo e Inclusión Social y 88 de Transportes y Comunicaciones. Sumados representan el 79 por ciento del total de 867 proyectos congelados desde hace dos años como promedio.

Las cifras confirman que el arbitraje, que se instituyó originalmente para evitar la burocracia judicial que tarda años en resolver los litigios, y para acelerar la resolución de las diferencias entre las entidades públicas y las compañías privadas, se ha convertido en una traba para la inversión en infraestructura nacional y regional. Mientras el mecanismo del arbitraje siga secuestrado por algunos funcionarios y empresarios corruptos, seremos un país devastado por el gasto inútil de miles de millones de soles e inundado por obras públicas inconclusas y fantasmales.

Fuente La República

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