La Contraloría de la República identificó presunta responsabilidad penal en siete exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Ayabaca al otorgar la buena pro por obras públicas y servicios, por más de seis millones de soles, a empresas que no cumplían con los requisitos establecidos y que presentaron documentación falsa.

AUDITORIA

El hallazgo fue revelado tras la emisión del informe de auditoría de cumplimiento N° 008, que comprende el periodo del 1 abril del 2015 al 10 de abril del 2017.

De acuerdo al informe, se cometieron irregularidades en el proceso de adjudicación de la obra “Mejoramiento y recuperación del servicio educativo de la institución educativa Divino Maestro del centro poblado de Pingola en la comunidad campesina Arraypite del distrito de Ayabaca”, valorizada en seis millones de soles.

Según la auditoría realizada, el comité de selección favoreció a la empresa Consorcio Ayabaca Pingola, pese a que no cumplía con los requisitos mínimos de las bases.

El gerente de obras propuesto por el consorcio acreditó experiencia en obras civiles de 26 meses cuando las bases señalaban como requisito mínimo un periodo de 60 meses.

Pese a incumplir con las bases de la licitación y a que dos postores más presentaron sus propuestas, el comité de selección le otorgó la buena pro al mencionado consorcio cuando el proceso debió haberse declarado desierto.

Otro de las irregularidades en la adjudicación es que el profesional propuesto no demostraba experiencia preferente en obras de infraestructura educativa.

De acuerdo al órgano de control, estos hechos contravienen la legalidad en las contrataciones públicas.

Es por ello que la Contraloría identificó presunta responsabilidad administrativa penal en los miembros del comité de adjudicación: Cristhian Eduardo Merino Samamé (presidente), Eliceo Guerrero Laban y Luis Alberto Basauri Vallejo.

El informe recomienda al alcalde de la municipalidad de Ayabaca, Humberto Marchena y a la Procuraduría Pública Municipal disponer el inicio de las acciones administrativas y legales correspondientes.

MÁS CASOS

Este caso no sería el único en el que empresas resultaron favorecidas por los exfuncionarios de la comuna de Ayabaca, ya que el órgano de control detectó similar situación en dos servicios de menor cuantía.

Uno de ellos está referido a la adjudicación del “Servicio de consultoría para la elaboración de toma de inventario de proyectos de inversión pública al 31/12/2013 de la municipalidad de Ayabaca”, cuya inversión ascendía a S/ 192 000,00.

En este caso el comité de selección dio como ganador de la buena pro a consorcio WR, a pesar que la empresa no cumplió con los requisitos mínimos establecidos en las bases integradas de la licitación en referencia al perfil profesional propuesto.

Es el caso del ingeniero civil que contaba con experiencia acreditada en obras civiles de 0 años, cuando las bases establecían que cinco años era el requisito mínimo para el perfil profesional.

De la misma forma, el contador público colegiado propuesto por la empresa contaba con un año y once meses de experiencia profesional a pesar de que el requisito mínimo de las bases era de cinco años.

El contador ofertado por el consorcio WR tampoco tenía experiencia en trabajos referido al inventariado de bienes.

IRREGULARIDADES

Otro de los servicios adjudicados pese a irregularidades corresponde a la adquisición de materiales de construcción, pinturas, material sanitario y televisores LED para el mejoramiento de un hotel municipal, con una inversión de S/ 54 900,00.

El consorcio Corporación D&J Servicios Generales S.A.C para acreditar su experiencia presentó facturas de compra y constancias de prestación que no estaban acreditadas de acuerdo a las bases de la licitación y pese a ello el comité de selección le otorgó la buena pro.

Dichos comprobantes no contaban con el sello de cancelación del cliente al que le suministraron bienes. Sin embargo, el comité dio como válidas las constancias de prestación.

La comisión auditora cursó oficios con las empresas que habrían tenido relación comercial con la Corporación D&J encontrando que dos de ellas señalaron que las facturas no obraban en su sistema y que las que se presentaron en el proceso eran falsas ya que las firmas y sellos no correspondían.

Cabe resaltar que, el Tribunal de Contrataciones del Estado del Osce (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado) en el 2018 sancionó a la empresa Corporación D&J Servicios Generales S.A.C con una inhabilitación de 40 meses por presentar documentación falsa e inexacta ante el municipio de Ayabaca.

En ambas licitaciones, la Contraloría de la República concluyó que el favorecimiento a los postores que no cumplían los requisitos establecidos fue generado por el accionar de los comités especiales en ambos procesos.

“Actuaron contrario a las normas que regulan las contrataciones otorgando la buena pro al margen de la normativa, ya que correspondía que los procesos sean declarados desiertos”, señala el órgano de control en su informe.

Por el primer caso del servicio de consultoría han sido comprendidos los miembros del comité especial Josías José Aguilar Salvador (presidente), Bianca Nonajulca Ávila, José Mercedes Mendoza Siancas.

Mientras que en la adjudicación de materiales para el hotel municipal son investigados Michelson Leonidas Valverde Samaniego (presidente) Bianca Nonajulca Ávila y José Mercedes Siancas.

Son un total de siete los exfuncionarios identificados por el órgano fiscalizador como presuntos autores de delitos de corrupción que ocurrieron en la gestión pasada del exalcalde de Ayabaca, Humberto Marchena Villegas. Su hijo, Baldomero Marchena, actual alcalde provincial deberá tomar acciones.

Fuente Diario Correo

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