Luego de la publicación del informe de la Contraloría de la República, que revela distintas irregularidades en la obra del tramo III de la Variante de Uchumayo, ejecutado por la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA), el gerente general del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), José Luis Rodríguez, dijo a El Comercio que se someterán a las instancias judiciales para determinar si existe alguna responsabilidad.
-La Contraloría de la República sostiene que el incremento del presupuesto de la Variante de Uchumayo de S/ 77 millones a S/ 88 millones no tiene sustento.
Según la norma se actualiza los costos cada seis meses, por la actualización de precios. Obviamente tiene que estar sustentado. Haremos la investigación para determinar si tiene los debidos sustentos. De no ser así, las instancias judiciales determinarán las responsabilidades civiles o penales que el caso amerite. Este caso lo estamos remitiendo a Procuraduría.
-Se observa la contratación de la OIM para el proceso de selección de la ejecutora y supervisora.
La contratación de la Organismo Internacional para las Migraciones (OIM) para el proceso de selección del tramo III, fue requerido y recomendado por el área usuaria (Gerencias de Infraestructura y Supervisión), considerando que el dinero transferido por el gobierno nacional en el segundo semestre del año 2015 eran recursos ordinarios y se corría el riesgo que si no ejecutaban con celeridad antes de fin de año podían revertirse.
En merito a ello se sustentó la necesidad de llevar un proceso de selección rápido, lo que en efecto se dio. La OIM demoró 2 meses aproximadamente, versus los 4 o 5 meses que demoran los procesos tradicionales. Se tienen los informes sustentatorios favorables de Logística, Administración y Asesoría Jurídica. Estaba permitido por la Ley de Contrataciones y la aprobación del Consejo Regional.
-Se está cuestionando ese proceso selección sin haber tenido los terrenos disponibles.
En el tema de terrenos hay que tener en consideración algunos aspectos. Primero, la norma permite entregas parciales del terreno. La sección de vía anterior al proyecto ya era una zona disponible. Segundo, la adquisición de predios estaba en trámite antes del encargo al OIM, tanto así que se contaba con actas de compromiso de venta por parte de los propietarios. Tercero, en el ínterin hubo modificaciones normativas en el tema de las adquisiciones, que de una u otra manera retardaron la compra.
Cuarto, como te referí en el otro punto, ya se contaba con la primera transferencia y se corría riesgo de reversión (del presupuesto). Quinto, se tenía comprometido por el Ministerio de Economía que la segunda transferencia llegaría a inicios del 2016, lo que habría permitido adquirir de manera inmediata los predios. Sin embargo, la transferencia recién se hizo a mediados del 2016. Por último, el proceso de tasación (de los terrenos) a cargo del MVCS demoro más allá de los plazos de ley.
-¿En el caso del Estudio de Impacto Ambiental?-
En cuanto al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) debe considerarse que dicho estudio ya estaba aprobado en el año 2013 por la gestión anterior, desde el expediente original. Se determinarán las responsabilidades del caso conforme está establecido por la Contraloría.
-El adelanto a la empresa constructora sin haber comenzado las obras le ha generado algunos intereses legales.
En relación a los intereses legales no tengo ese dato claro. Tendría que revisar el detalle del informe y los antecedentes.
-También se han encontrado fisuras en el pavimento.
El tema de las fisuras se está corrigiendo y será descontado de la liquidación de la empresa ICCGSA, que aún no está aprobada. Es responsabilidad de ellos y el perjuicio económico se les cargará a ellos.
-La Contraloría ha pedido que se le inicie un proceso.
En mi caso particular me someteré al proceso de la Contraloría y daré los descargos correspondientes con el sustento correspondiente.
Fuente Diario Correo
