El Gobierno Regional de Áncash pagó por trabajos no ejecutados y gastos sin sustento en la instalación del Sistema de Alerta Temprana frente al riesgo de aluvión en la provincia de Huaraz, alertó la Contraloría.
Además, aprobó un expediente técnico con partidas sobredimensionadas e insumos sobrevalorados y recepcionó la obra inconclusa, sin aplicar penalidades; lo que afectó su funcionamiento y ocasionó un perjuicio económico de S/ 1 694 296.
Con la instalación del Sistema de Alerta Temprana (SAT) en la subcuenca de Quilcay, Mancomunidad Municipal de Waraq, distrito de Independencia, en la provincia de Huaraz, se buscó implementar un sistema de comunicación integrado para ayudar a la población de estas jurisdicciones a prepararse ante el riesgo de aluvión procedente de las lagunas de Palcacocha, Cuchillacocha y Tullpacocha, de manera que puedan evacuar a zonas seguras.
Según el informe de Auditoría de Cumplimiento N°036-2022-2-5332, cuyo periodo de evaluación comprende de diciembre del 2017 a setiembre del 2021, el GRA entregó, en noviembre del 2018, un adelanto directo a favor del consorcio a cargo de la instalación del SAT, otorgándole liquidez para iniciar los trabajos.
Sin embargo, debido a la falta de supervisor, la obra empezó recién en mayo del 2019, por lo que no correspondía entregar dicho adelanto 158 días antes de iniciar los trabajos. De igual forma, la empresa recibió un adelanto de materiales por un monto mayor al que le correspondía.
La comisión auditora detectó además que, durante la ejecución de la obra, se reformuló el expediente técnico bajo el argumento de mejorar la capacidad de monitoreo, transmisión y procesamiento de datos, sin embargo, solo incrementaron los costos unitarios de algunos insumos e, incluso, suprimieron la instalación de tres cámaras de vídeo, considerando solo un dispositivo por laguna; lo que limita el monitoreo permanente en las tres fuentes de agua glaciar.
De igual forma, la empresa no cumplió con instalar 51 equipos (como paneles solares y baterías) de los 216 contemplados en el expediente técnico; tampoco se realizaron todas las capacitaciones programadas; no obstante, fueron valorizados por el contratista y pagadas por la entidad.
Adicionalmente se pagó por personal clave que no participó en la ejecución de la obra ni en la supervisión, a pesar de ello no se aplicó penalidades por dicho incumplimiento. Tampoco se penalizó por incumplir el plazo para el levantamiento de observaciones. Todo ello ocasionó un perjuicio a la entidad regional por S/ 1 502 008.
Observaciones al expediente técnico
El expediente técnico del proyecto fue aprobado en diciembre del 2017 con un presupuesto de S/ 4 448 830 y un plazo de ejecución de 360 días, sin embargo, los costos de algunas partidas de dicho estudio fueron sobredimensionados. En julio del 2018 actualizaron los costos del expediente por S/ 4 958 813, no obstante, se consignaron precios superiores a los cotizados, ocasionando sobrecostos y un perjuicio por S/ 193 287.
Estos hechos involucran a 15 funcionarios y/o servidores públicos con presunta responsabilidad civil, administrativa y/o penal, por ello, el informe fue derivado a la Procuraduría Pública de la Contraloría General, al procurador público especializado en delitos de corrupción y al gobernador regional de Áncash para las acciones correspondientes. (C.I. – RSD Noticias).
Fuente Radio RSD
