Según el colaborador eficaz 02-2022, el prófugo Alejandro Sánchez Sánchez, el amigo del presidente Pedro Castillo y dueño de la casa de Sarratea, apuntaba a repartirse la mayor cantidad de millonarios proyectos a cargo del Ministerio de Vivienda. Pero estaba interesado en una obra en particular, una que valía “mil millones de soles”.

Sánchez, según el delator, había ubicado para ello a sus hombres de confianza en el sector: el investigado exministro Geiner Alvarado y el exjefe del gabinete de asesores, Salatiel Marrufo, que cumple 30 meses de prisión preventiva.

El camino se allanó en setiembre de 2021, cuando Alvarado suscribió un convenio para licitar un megaproyecto de agua y saneamiento con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

El objetivo de ese acuerdo era dotar de estos servicios básicos a Juliaca, ciudad ubicada en la provincia puneña de San Román, que cuenta con 400 mil habitantes. Y la inversión sería de mil millones 200 mil soles exactamente, según la Unops.

El alcalde de la Municipalidad de San Román-Juliaca, David Sucacahua, explicó a Perú21 que el proyecto cambiará la vida de los ciudadanos.

 “Actualmente, solo el 35% de los habitantes tiene acceso a agua y desagüe. Se trata de un megaproyecto porque ese presupuesto jamás ha sido invertido en la región Puno”, señaló.

Lo declarado por el testigo de la Fiscalía se corrobora con una conversación grabada entre el empresario Zamir Villaverde y Salatiel Marrufo.

En ese diálogo, que data del 2 de octubre de 2021, Villaverde preguntaba incrédulo cómo haría el dueño de la casa de Sarratea para manejar la licitación si estaba a cargo de Naciones Unidas, una entidad internacional.

Marrufo interviene y señala que Sánchez “no tiene idea” y que mejor era confiar en Fray Vásquez, el sobrino del jefe de Estado, que intentaba direccionar el megaproyecto para sus conocidos.

“Yo prefiero hacer ganar a Francia (Fray Vásquez). Aparte Alejandro chapa y come solito, no nos dará nada a nosotros”, le dijo Villaverde al entonces asesor de Vivienda.

Ya existe una prueba contundente sobre esas intenciones. El Decreto de Urgencia 102-2021, el que elaboró Marrufo, enlista las obras de las que el denominado “buró político” de Castillo buscaba apoderarse. Todas son del sector que manejaba a placer Alvarado, y que, pese a no estar más en el Ejecutivo, cumplió con dejarlas servidas para sus cómplices.

Todo paralizado

La investigación que ha iniciado el equipo especial que lidera la fiscal Marita Barreto ha puesto nerviosos a los funcionarios del Ministerio de Vivienda y de la Unops.

La obra debía empezar a realizarse en octubre pasado, pero el director ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, José Kobashikawa, le indicó a la Unops –en una carta del 24 de ese mes– “abstenerse” de realizar licitaciones. Seguidamente, requirió que se transparente qué empresas están concursando.

En otro escrito del 9 de noviembre, Kobashikawa indicó al viceministro de Construcción y Saneamiento, Richard Acosta, que la Contraloría debe fiscalizar los nombres de las compañías postoras “para garantizar la transparencia” del proceso.

Para el presidente del Comité de Gestión del Proyecto Integral de Agua y Alcantarillado de Juliaca, Filomeno Gonza, la investigación fiscal no puede retrasar un proyecto que es esperado por sus paisanos.

“Se debe cumplir con lo prometido, no nos dicen qué empresas participan, nos tienen esperando; que caiga quien deba caer, que lo investiguen, pero el proyecto no puede parar, perjudica a muchas personas”, expresó en diálogo con este diario.

Gonza, además, adelantó que viajará a Lima con un grupo de dirigentes para exigir a la Unops y al Ministerio de Vivienda que no demoren más las operaciones.

Mientras tanto, Alejandro Sánchez, el financista de la organización criminal encabezada por Castillo, según el Ministerio Público, sigue no habido. Su ausencia es conveniente para el jefe de Estado, que dice ser inocente pero, cuando le toca responder a la Fiscalía, opta por guardar silencio.

TENGA EN CUENTA:

Perú21 se comunicó con un representante de la Unops para conocer cómo va el proceso de licitación y el nombre de las empresas postoras. Acordó devolver la comunicación, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

El “buró político” era integrado por Alvarado, Marrufo, Sánchez, el empresario Abel Cabrera y el alcalde de Anguía, Nenil Medina.

Fuente Perú 21

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