Unos 4,200 auditores de los Órganos de Control Institucional de diversas entidades públicas serán trasladados a partir del año 2018 a la Contraloría General de la República, a fin de darles más eficiencia, anunció el titular de este organismo, Nelson Shack.
En entrevista con el Diario Oficial El Peruano, sostuvo que resulta imposible que esos funcionarios cumpla bien su trabajo si son designados, pagados y nombrados por las propias instituciones a las que auditan.
Contralor, ¿en qué consistirá la reestructuración del Sistema Nacional de Control?
–Los dos ejes fundamentales al corto y mediano plazo serán recuperar la legitimidad del Sistema Nacional de Control (SNC), que implica un profundo proceso de moralización al interior del sistema y coadyuvar a la modernización de la institución. El sistema no solo es la Contraloría General de la República (CGR), como muchas personas creen, sino que también lo conforman los órganos de control institucional (OCI) y las sociedades de auditorías (Soa). Por eso, la modernización implicará a todas ellas. El objeto es cumplir los dos grandes mandatos del sistema dual: luchar contra la corrupción de forma eficiente y mejorar la calidad de las intervenciones públicas.
–¿Esto significa el rediseño o refundación del SNC, que pasaría por un cambio legal y la articulación de las tres entidades citadas?
–Así es. Vamos hacer una reestructuración total del SNC, que implicará la presentación de un proyecto de nueva Ley Orgánica del SNC. Pero, además, se empezará progresivamente, por lo complejo, de las auditorías de desempeño, a fin de verificar los resultados esperados y mejorar la calidad de las intervenciones públicas en la provisión de bienes y servicios a la población.
–¿Qué cambios vienen para evitar casos de corrupción, como los observados con los gobiernos regionales y locales? ¿Hay algo mal allí?
–De hecho, el sistema actual no funciona porque no previene hechos de corrupción, y ¿por qué no lo hace? porque se carece de un instrumento fundamental para ello, que está asociado a una gran dosis de transparencia y control interno. Y ese será uno de los grandes esfuerzos que realizaremos para obligar su implementación en estas administraciones.
–¿Pasa también porque funcionarios de las OCI sean incorporados a la CGR? –
Efectivamente, pues considero absolutamente inverosímil que un controlador haga bien su trabajo, si el controlado lo designa, le paga y lo nombra. Entonces, vamos a trasladar la vinculación administrativa de todas estas casi 4,200 personas de las OCI a la Contraloría, para que determine su labor.
–¿El 100 por ciento ?
–Sí. Ese es un proceso un poco complejo, que requiere de voluntad política y el Congreso ha dicho que apoyará esta iniciativa, que implica una modificación legal, de repente para la próxima Ley de presupuesto público, a fin de que pueda ser efectuado desde el 2018. Esto, además, daría más eficiencia a las OCI, que son menos de 900 para 2,500 entidades.
–En el tema de la moralización, ¿promoverá una alianza con todas las instituciones de control, como el Poder Judicial y la Fiscalía?
–Sin duda alguna. La lucha contra la corrupción es tarea de todos. Por eso, es fundamental una coordinación estratégica y, diría, hasta operativa con el resto de instituciones. En particular con el subsistema de anticorrupción, porque muchas veces al realizar las acciones de control encontramos no solo indicios de responsabilidad administrativo-funcional, sino también civil y penal, que compete a la Fiscalía y al Poder Judicial. Hoy, esta coordinación no funciona bien, y los números son bastante ilustrativos. Sin duda, es algo que debe ser corregido y acabar con los débiles mecanismos de coordinación operativa existente.
¿Reanudarán su presencia ante la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción?
–Claro, queremos ser más activos. Entiendo que nuestra participación por los hechos previos a mi elección, está suspendida, pero confío en que nos invitarán para la siguiente sesión; sin embargo, nosotros queremos tener voz y voto. Por tanto, se coordinará con el titular del Poder Judicial, que hoy lo preside, para realizar los cambios que nos permitan asumir una participación más activa en dicho foro y así lograr acuerdos de cooperación interinstitucional en este tema que, repito, nos involucra a todos.
–A propósito de la anterior gestión, ¿la comisión de transición en la CGR evaluará su actuación?
–Las causales de destitución, que son de público conocimiento, ya han sido abordadas y resueltas por el Congreso. Esta comisión se ocupará de tener pleno conocimiento del estado y la situación de los sistemas administrativos y de la organización en su conjunto. Lo que sí haremos es una auditoría al inicio de esta gestión y cierre de la anterior para efectivamente a partir de esa data, de haberlo, identificar las responsabilidades respectivas.
¿Se evaluará a todos los funcionarios de la CGR? ¿Habrá reorganización?
–Sí, van las dos cosas. La modernización va asociada necesariamente a una reestructuración organizacional. Por eso, efectivamente haremos una evaluación, y ya solicité que ponga sus cargos a disposición la alta dirección de la Contraloría. Haremos algunos cambios y, progresivamente, también se bajará a la dirección media.
¿Cuál será el perfil de los nuevos funcionarios?
–Actualmente, en la CGR hay cerca de 100 puestos de confianza, y todos ellos deben tener idoneidad moral y técnica comprobada, no estamos para contratar personas que vengan a aprender, necesitamos especialistas en sus determinados rubros. Eso es vital.
La próxima semana empezará sus reuniones para definir las acciones ante el control concurrente del proceso de reconstrucción con cambios. ¿Qué acciones prevé al respecto?
–Efectivamente, según la Ley de Reconstrucción con Cambios, la CGR tiene la responsabilidad de presentar y aprobar su plan de control. Este será una novedad frente a anteriores procesos, porque el Congreso ha dispuesto un control concurrente, y no el típico control posterior al que estábamos acostumbrados. Por eso nos reuniremos con el director ejecutivo de esta autoridad, Pablo de la Flor, para conocer este plan de trabajo, que nos permita también definir nuestro plan de control, que sin duda requerirá de mayores recursos económicos.
Respecto al caso Chinchero, ¿la CGR seguirá acompañando el proceso de resolución del contrato?
–Sí, estamos muy interesados en saber cómo se realizará el proceso de resolución contractual y cuánto se pagará; pero, ciertamente una vez que termine el proceso de resolución y de valorización, de todas maneras haremos una acción de control ahí, sobre el contrato original. El tema de la adenda ya pasó. Esperamos en agosto tener los resultados de la acción de control sobre el contrato original.
Cifra
9,000 es el número aproximado de personas que en todo el país ejercen labores de control.
Fuente Andina
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