Durante el gobierno de Ollanta Humala, el Centro de Convenciones de Lima fue edificado por la empresa brasileña OAS Sucursal del Perú con un costó de 539 millones de soles. Fue el Ministerio de Vivienda el encargado del proyecto y del presupuesto a través del programa Nuestras Ciudades.
Para que OAS interveniera ganó un concurso hecho a la medida. Por ello, el gobierno de Humala saltó las vallas legales del control y contrató a organismos internacionales para que se encargaran de la administración, supervisión y contratación de las empresas constructoras supervisoras, flexibilizando todos los plazos y procesos.
Es así como aparece en escena la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) cuyo rubro de especialidad nada tiene que ver con las obras de arquitectura. La OIM había ofrecido un mayor porcentaje de retorno al gobierno peruano que sus dos competidores: la Organización de Estados Iberoamericanos y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
El 5 de marzo de 2014, en un proceso de convocatoria direccionado, la constructora OAS resulta ganadora frente a otras constructoras como Consorcio OHL y JJC. OAS prometió construir el edificio en 525 días, es decir, un año y cinco meses, en tanto que la OIM convocó a la empresa supervisora de la obra recayendo la responsabilidad en el consorcio Centro de Convenciones Cesel Ingenieros y Pinearq de España.
Todos los argumentos para presentar en sociedad y justificar la inversión estaban orientados a asegurar que el Centro de Convenciones de Lima sería sede de un evento extraordinario como era el de las Juntas de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Paradójicamente, era un evento sobre pobreza y finanzas.
Aún sin terminar, obtuvo 4 mil observaciones realizadas por la Contraloría General de la República. Pese a ello, el local fue abierto, mediante acta de entrega anticipada en septiembre de 2015, para acoger a la junta de gobernadores.
La constructora OAS no quiso terminar los trabajos, respaldada por el consorcio supervisor que señalaba que la obra se encontraba “sustancialmente terminada”.
La Comisión Lava Jato, presidida por Rosa Bartra, pidió información a la OIM específicamente sobre el funcionario Édgar Wilfredo Cornejo Cornejo y, como era de esperarse, la OIM, Cornejo y otros, rechazaron la convocatoria aduciendo su privilegio de inmunidad diplomática dentro del marco de los tratados internacionales suscritos con el Perú.
PÉRDIDAS
La comisión investigadora ha encontrado que el Estado ha perdido casi 67 millones de soles por daños y perjuicios en tanto la obra sigue sin concluir. A la fecha sólo se ha registrado ingresos por 9 millones de soles por eventos realizados y solo los gastos de operación y mantenimiento de los últimos tres años ascienden a 19 millones de soles.
Tras todos los hechos investigados, la comisión congresal ha determinado que el expresidente Ollanta Humala y los exministros de Vivienda, René Cornejo Díaz y Milton Von Hesse, han incurrido en infracción constitucional.
También se determinaron las siguientes responsabilidades penales: delito de colusión agravada a Ollanta Humala Tasso y René Cornejo Díaz, exministro; Luis Obdulio Tagle Pizarro, exdirector ejecutivo del Programa Nuestras Ciudades; Ricardo Salinas Vicachagua, ex coordinador técnico del comité técnico; José Iván Dávalos Saravia, jefe de misión de la OIM-Perú; Ricardo Vidal Núñez, exviceministro de Vivienda y Urbanismo y expresidente de la Comisión Técnica; Jesús Gattas Abugattás Abuid, representante legal del consorcio supervisor Centro de Convenciones; Valfredo de Assis Ribeiro Filho, representante de la Constructora OAS sucursal Perú, y a Leonardo Fracassi Costa, representante legal de la Constructora OAS S.A. Sucursal del Perú.
Y por el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, a Milton Von Hesse La Serna, exministro de Vivienda; Wilhelm Eduardo José Funcke Figueroa, ex director ejecutivo del Programa Nuestras Ciudades, y a Claudia Janet Salaverry Hernández, ex directora nacional del Proyecto Centro de Convenciones y ex directora general de la Oficina General de Administración.
TERCEROS
La comisión recomienda que se incorpore a la empresa OAS y al consorcio supervisor Centro de Convenciones, conformado por Cesel Ingenieros y Pinearq como terceros civiles; además, se recomienda al Ministerio Público abrir una investigación a René Cornejo Díaz por registros de operaciones financieras sospechosas.
Así también se recomienda a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, concluir con el concurso público Internacional del proyecto de operación y mantenimiento del Centro de Convenciones en Lima – Perú.
La comisión sugirió al Ministerio de Vivienda que evalúe cursar invitación para conciliar junto a la constructora OAS, como el consorcio supervisor Centro de Convenciones, por incumplir cláusulas en los respectivos contratos. Del mismo modo, se le recomienda al Ministerio de Relaciones Exteriores realizar los trámites necesarios y solicitar a la Corte Internacional de Justicia su opinión sobre las funciones de las organizaciones internacionales, su alcance de los privilegios e inmunidades y qué tipo de convenios puede realizarse con ellas.
Recomiendan investigación fiscal
El informe de la Comisión Lava Jato recomienda al Ministerio Público investigar por el delito de colusión agravada al expresidente Ollanta Humala, René Cornejo Díaz, exministro de Vivienda (2011-2014); Milton Von Hesse, exministro de Vivienda (2014-2015); Ricardo Vidal Núñez, exviceministro de Vivienda y Urbanismo; Luis Obdulio Tagle, exdirector del programa Nuestras Ciudades; y Ricardo Salinas Vilcachagua, exfuncionario del Ministerio de Vivienda.
Así como a José Díaz Oliden, exdirector del programa Nuestras Ciudades; Valfredo de Assis Ribeiro, representante de OAS; y Leonardo Fracassi Costa, representante legal de OAS.
Cabe precisar que el crimen de colusión agravada puede llevar al imputado a una condena privativa de la libertad de entre seis a 15 años. En el caso de Humala “habría concertado con la Constructora OAS S.A. Sucursal del Perú, a fin que resultara ganadora” del proyecto “y que se le efectuasen los pagos correspondientes, pese a haberse retrasado en la ejecución de la obra”.
Además, indica que habrían necesitado el “apoyo” de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que gozaba de privilegios e inmunidades, los cuales eran usados para direccionar los procesos y así evitar todo tipo de cuestionamientos y control, añade el informe.
Contra el exjefe de Estado también recomiendan “una denuncia constitucional” por “infracción al principio de Buena Administración” y no emitir algún pronunciamiento sobre el retraso de la ejecución de la obra o subsanación de observaciones.
De otro lado, René Cornejo habría autorizado la suscripción del convenio específico con la OIM, a pesar de que no era competente por especializarse en temas de migración.
Al parecer, el exministro también incumplió el Trato Igualitario. Supuestamente, suscribió una resolución ministerial avalando a la OIM, variando “las condiciones de propuesta al no reconocer ningún porcentaje de retorno por asistencia técnica”.
Mientras tanto, Milton Von Hesse La Serna “omitió supervisar las acciones de sus subordinados al permitir la suscripción de los contratos con la Constructora OAS S.A. Sucursal del Perú y el Consorcio Supervisor del Centro de Convenciones, pese a los hechos irregulares suscitados durante sus respectivos procesos de selección y a la transgresión del principio de transparencia establecido en la ley”, refiere el informe.
“Esta omisión se habría realizado con conocimiento y voluntad (conducta dolosa), pues Milton Martín von Hesse La Serna conocía o debía conocer que la supervisión de sus subordinados era parte de sus obligaciones como ministro”, resalta.
El oficio sostiene que el exviceministro de Vivienda y Urbanismo, Ricardo Vidal, “habría colaborado para que la Constructora OAS resultara ganadora y se beneficie económicamente”.
“Ello se habría concretado a través de las reuniones que sostuvo con Valfredo de Assis Ribeiro Filho en las instalaciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento antes de la etapa de presentación de propuestas”, precisa la investigación.
ELEFANTE BLANCO
El informe también muestra pruebas para sostener que el Centro de Convenciones de Lima sería un “elefante blanco”. El equipo de investigación Lava Jato citó un estudio de la Contraloría General de la República, realizada el 29 de diciembre de 2017, donde se evidencia que hay una pérdida operativa de S/ 9’738,622.27, la cual es asumida por el Estado.
Asimismo, evidencia que las instalaciones del Centro de Convenciones de Lima no se explota al 100 %, excepto cuando hay grandes protocolos, como la Junta de Gobernadores del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), realizada en octubre de 2015 y donde asistieron 11,000 personas.
También la Cumbre de Líderes APEC, evento realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en noviembre de 2016, y cuyo aforo fue de 10 mil invitados. Asimismo, el XXXII Congreso Panamericano de Oftalmología, organizado por la Sociedad Peruana de Oftalmología en agosto de 2017; la 130º Asamblea del Comité Olímpico Internacional en septiembre de 2017; o el próximo COP 15, que el Ministerio del Ambiente tendrá que llevar a cabo en diciembre de 2020.
LA SITUACIÓN NO MEJORA
El 5 de marzo de 2018, mediante un informe, César Niño de Guzmán, coordinador del proyecto, señaló que el Ministerio de Vivienda “propuso que se le trasladara la obligación de implementar las partidas al operador que resultara ganador de la buena pro”. Sin embargo, identificó una serie de escenarios.
“(1) Ningún operador acepte subsanar las observaciones, por lo que el proceso de selección continuará paralizado, (2) un operador acepte subsanar, pero solicitará que se le incremente el monto del cofinanciamiento (…), (4) el ministerio asuma la subsanación de las observaciones a fin de no entorpecer el proceso de selección del operador”, refiere el informe.
De otro lado, el costo de operación y mantenimiento continúa incrementándose. En el año 2015 fue de 1’364,045.08; en el 2016 de 7’196,586.82; en el 2017, 7’166,586.82; y en el 2018, 3’290,982.33.
Asimismo, en convenios suscritos con instituciones públicas entre septiembre de 2015 a junio de 2018, hubo un ingreso de 5’554,200.67. Mientras que en contratos con empresas privadas, por el mismo lapso de tiempo, se recaudaron 3’725,625.05.
“Se observa que los gastos efectuados para la operación y mantenimiento del Centro de Convenciones son superiores a los ingresos por su alquiler, lo cual genera una pérdida operativa de S/ 9’738,622.27 que viene siendo asumida por el Estado”, finaliza el informe Lava Jato.
Fuente Diario Expreso
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