La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM),a través de la Secretaría de Integridad Pública (SIP),aprobó la Directiva n.° 001-2026-PCM/SIP, la cual establece lineamientos claros y operativos para la implementación del Modelo de Integridad en las entidades del sector público.
La directiva tiene como objetivo de fortalecer los estándares de integridad y prevenir la corrupción en la administración pública.
De acuerdo a las estimaciones de la PCM, alrededor de 1800 entidades públicas se encuentran obligadas a implementar el Modelo de Integridad, al cumplir con los criterios establecidos en el alcance del Decreto Supremo n.° 148-2024-PCM.
La norma, publicada en el diario oficial El Peruano, define una metodología práctica, estandarizada y orientada a resultados que permite a las entidades del Estado aplicar el Modelo de Integridad de manera coherente, ordenada y acorde con sus distintas realidades institucionales, fortaleciendo el compliance público.
Asimismo, prioriza el fortalecimiento del compromiso de la alta dirección, la gestión de riesgos de corrupción, la atención y gestión de denuncias, el cumplimiento de normas de integridad, transparencia y debida diligencia, así como la promoción de una cultura ética en el servicio público.
Además, incorpora tareas definidas, insumos específicos y un procedimiento paso a paso, lo que permitirá a las entidades avanzar de manera efectiva en la implementación del Modelo de Integridad. En ese marco, la SIP brindará asistencia técnica especializada para orientar su correcta aplicación.
Comunicación, capacitación y gestión de riesgos
Esta directiva refuerza, entre otros aspectos, el componente de comunicación y capacitación, priorizando la identificación de actores clave, la difusión clara y efectiva de las políticas y normas de integridad y lucha contra la corrupción, así como la formación continua del personal.
También, incorpora la capacitación especializada de funcionarios con capacidad de decisión y la implementación de un protocolo de comunicación de crisis, que permitirá responder de manera oportuna ante la materialización de riesgos muy altos, como prácticas antiéticas o corruptas, contribuyendo a proteger la integridad institucional y fortalecer la confianza de la ciudadanía.
El Modelo de Integridad impulsa un trabajo articulado y colaborativo al interior de las entidades públicas, basado en la gestión preventiva de riesgos y en el fortalecimiento del desempeño ético de las personas que ejercen funciones públicas. Para ello, contempla la adopción de buenas prácticas, herramientas, guías y mecanismos que faciliten su adecuada implementación.
Fuente Andina
