La Corte Superior de Justicia de Piura inició hoy el juicio oral contra el ex gobernador regional Javier Atkins Lerggios y otros ocho ex funcionarios regionales por la supuesta sobrevaloración en la ejecución de la obra del puente San Miguel, ubicado en el centro de la ciudad.
Por este caso, la fiscal provincial anticorrupción Jennifer Fernández Córdova solicita una pena de 10 años de prisión para Atkins, quien administró la región entre el 2010 y el 2014, junto a los otros imputados por el delito de colusión agravada. El ex gobernador actualmente se desempeña como viceministro de Pesca y acuicultura del Ministerio de la Producción (Produce).
En noviembre del 2018, la Contraloría General de la República emitió la resolución N° 071-2018, que detectó irregularidades en la licitación pública N° 005-2012 y en la ejecución de la obra del puente San Miguel. Según este organismo, en la ejecución hay una sobrevaloración de S/ 4’193.153.
En esa ocasión, el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría sancionó a cuatro ex funcionarios de la gestión de Javier Atkins con la inhabilitación por un periodo de cinco años para ejercer un cargo público.
Los cuatro ex funcionarios, además de Javier Atkins, fueron citados para el inicio del juicio, a cargo del juez Ronald Soto Cortez. Para la sesión también fueron citados Margarita Rosales Alvarado, Julio Chicoma Huamán, Martín Felipe Velayos Arredondo y Rachid Altuna Humbo. Sin embargo solo asistieron los tres últimos
Los abogados de Atkins justificaron las razones de su ausencia, por lo que la fiscal pidió que se reserve la contumacia en caso no se presente a la próxima audiencia, a realizarse el miércoles 20 de marzo.
– Se defiende-
Atkins se defendió de la acusación fiscal señalando que la investigación se basa en un informe de la Contraloría que sirvió para sancionar a unos funcionarios por fallas netamente administrativas.
“A mí la Contraloría me eximió de toda responsabilidad porque confirmaron que no había intervenido para nada en este proceso de adjudicación (de la obra del puente San Miguel). Con ese mismo informe de responsabilidades administrativas, la Fiscalía inicia una investigación y me imputa responsabilidad penal”, dijo la ex autoridad a un diario local.
“El Ministerio Público se demoró todo el tiempo que le dio la gana, no hizo bien su trabajo y tampoco solicitó ninguna pericia. Solamente se basó en el informe de responsabilidad administrativa de Contraloría”, agregó el actual funcionario.
Fuente El Comercio
