Esta semana, el exjefe de Odebrecht en Perú Jorge Barata reveló presuntos pagos de dinero ilícito por US$60 mil al congresista y expresidente regional de San Martín César Villanueva. El aporte habría sido hecho en relación con la contratación para la construcción de la carretera Cuñumbuque-San José de Sisa. El contrato de esta vía fue por S/109 millones –9,5% por encima del valor referencial– y la contraloría detectó una serie de problemas en su ejecución.

Aunque el legislador de Alianza para el Progreso ha negado que haya recibido cualquier tipo de aporte, en realidad, este caso calza en un patrón común que las constructoras brasileñas tuvieron en los proyectos con gobiernos locales y regionales en los que participaron. El monto del presunto pago ilícito, sin embargo, dista bastante de los aportes a otras autoridades regionales.

Este Diario recopiló todas las obras públicas que las constructoras Odebrecht (4), OAS (1), Camargo Correa (1), Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao (1) firmaron con este tipo de gobiernos. Los siete proyectos están bajo sospecha por presuntos hechos ilícitos.

En cinco casos, el monto por el que se adjudicó la obra fue menor al valor referencial pero después de la firma del contrato se realizaron incrementos que elevaron los costos en más de S/500 millones en total.

Antes de que Barata involucre a Villanueva, el Ministerio Público había recopilado información que implica a otros presidentes regionales. César Álvarez es la primera exautoridad regional que ha sido sentenciada por actos de corrupción en la construcción de una obra hecha por Odebrecht, la carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis. Álvarez recibió US$2,4 millones en sobornos por adelantar pagos y beneficiar a la constructora.

Esta obra originalmente costó S/405 millones –casi S/45 millones menos que el valor referencial– pero su precio se elevó en S/119 millones por cobros adicionales, según información del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).

Jorge Acurio, exautoridad de Cusco, ha sido comprendido en dos procesos: Vía Evitamiento Cusco y Hospital Lorena. En el primer proyecto, Acurio ha sido acusado de recibir US$3 millones de Odebrecht, con la ayuda del prófugo empresario Gustavo Salazar. Gracias a ese pago ilícito, esta constructora ganó el contrato de la obra por S/298 millones, a lo que se sumaron adicionales por S/76 millones.

Salazar también habría servido de operador para recibir pagos ilícitos de la constructora OAS para la adjudicación del Hospital Lorena, por S/197 millones. De acuerdo con la información recogida por la fiscalía de un colaborador eficaz en Brasil, OAS se había comprometido a pagar el 8% del valor de la obra en sobornos. Es decir, habrían realizado pagos ilícitos por S/15,8 millones, a repartir entre cuatro personas.

Además, Acurio habría recibido aportes por US$20 mil de Odebrecht para su campaña en el 2010. Este monto es mucho más parecido al que habría recibido el congresista Villanueva.

Odebrecht también realizó pagos ilícitos para la adjudicación de la Vía Costa Verde-tramo Callao. Por ello, habría acordado entregar US$4 millones a Félix Moreno, prófugo expresidente regional del Callao. A raíz de los incrementos adicionales, esta obra costó S/158 millones más que su valor referencial.

Los aportes ilícitos no se limitaron a los proyectos ejecutados por las empresas brasileñas mediante licitaciones públicas, sino también alcanzaron a las concesiones firmadas por gobiernos regionales y provinciales. Una revisión de todos los proyectos realizados bajo esta modalidad arroja el mismo escenario: todas están bajo el manto de la sospecha.

Los proyectos Vías Nuevas de Lima y Línea Amarilla, como los anexos firmados (Lima), la tercera etapa de Chavimochic (La Libertad) y Olmos (Lambayeque) se encuentran en esa situación.

Fuente El Comercio

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