¿La justicia funciona si es rápida? Ayer dio a entender eso el fiscal provincial Juan Carrasco Millones, luego que la jueza Cecilia Grandez Rojas, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, aprobara los acuerdos de terminación anticipada entre diez investigados y la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado (Fecor) de Lambayeque por el caso “Los Temerarios del Crimen”.
“Son las sentencias más rápidas que se han obtenido (en la historia). Hay 23 (investigados) de los 25 que han decidido someterse a la terminación anticipada”, señaló el fiscal provincial.
Tras admitir su participación en la entrega de sobornos para ser beneficiados con obras públicas y licencias de funcionamiento, el regidor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Marino Olivera Cruzado y 9 empresarios accedieron al beneficio de la reducción de la pena (1/6 de ella no se aplicó) por los delitos de organización criminal, colusión, cohecho y tráfico de influencias.
En una audiencia que duró más de dos horas, la magistrada Cecilia Grandez aprobó los diez acuerdos de terminación anticipada, dictando sentencias que oscilan entre los dos y cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por un período de prueba, así como reparaciones civiles desde los 10 mil soles hasta los 150 mil soles. (Ver infografía)
Regidor inhabilitado
Uno de los primeros en ser sentenciado fue el concejal Marino Olivera, quien habría admitido que a inicios del 2018 visitó a Juan Pérez Bautista, exregidor de la MPCh, para que obtenga un beneficio a favor de la empresa de transportes “Akunta e Ilucan”. Según la Fiscalía, Pérez Bautista y el exgerente de Transportes, Isaías Merino Chavesta, declararon que Marino Olivera entregó una coima de S/7,000 para que se autorice a dicha empresa cubrir la ruta Racarrumi- Chongoyape y viceversa.
Cabe precisar que la sentencia de 3 años y 4 meses contra el actual munícipe de Marcos Gasco, Marino Olivera, por el delito de cohecho, implica también la inhabilitación para ejercer cargo público en el mismo período. De esta forma, los concejales de oposición de la MPCh señalaron que solicitarán su vacancia en condición de regidor, por lo que Jackelin Alva Carranza asumiría este cargo.
Empresarios condenados
Jimmy Imaña Tamay también recibió una condena de 2 años y 4 meses por el delito de cohecho. Este empresario habría admitido que entregó la suma de S/150,000 a Nilton Monje Sampén (exfuncionario de la MPCh) y a Michael Llontop (candidato PPK), con la finalidad de obtener la buena pro de obras de la Reconstrucción con Cambios. Para la Fiscalía, este dinero fue entregado en complicidad con Antonio Nicodemo Fiestas, y debía ser utilizado en la campaña política de Llontop, pero meses después los empresarios reclamaron la devolución del dinero al no ser beneficiados.
El empresario sentenciado Carlos Yafac Vallejo también habría confesado que entregó S/25,000 al exalcalde David Cornejo, a través de los exfuncionarios Orlando Niño Vásquez y Nilton Monje Sampén, para ser beneficiado con una obra pública de la MPCh. Mientras que el condenado Edilberto Chaupe Gutiérrez habría confesado que entregó S/30,000 al exalcalde David Cornejo para ser beneficiado con obras. No obstante, un colaborador eficaz sostuvo que esta persona entregó 90 mil soles al exalcalde.
En tanto, Walter Ríos Flores y Walter Ríos Villacorta fueron condenados luego de admitir que a mediados del 2016 entregaron S/30,000 a Nilton Monje y Juan Pérez Bautista para ser beneficiados con un contrato por servicios de seguridad en las instalaciones de Epsel.
Fuente La República
