Nuevas evidencias recopiladas por Perú21 revelan posibles irregularidades en la ejecución del proyecto “Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en Calle Calvario del Centro Poblado Caylloma”, una obra valorizada en más de S/ 3.3 millones, según el Sistema de Seguimiento de Inversiones.
La información oficial muestra que la municipalidad destinó inicialmente S/ 1.5 millones, monto que posteriormente se amplió a S/ 3,372,275, incrementando considerablemente el presupuesto de la obra.
De acuerdo con Transparencia Económica, la empresa PROCEV S.R.L. (RUC 20539326571) —responsable de la ejecución de la obra— ya recibió S/ 2,265,117.63 por concepto de desembolsos.
Documentos públicos de SUNAT confirman que la gerente general de PROCEV S.R.L., Milushka Lucía Casaperalta Chaiza, asumió el cargo el 2 de enero de 2025, fecha cercana al periodo de adjudicación y avance del proyecto.
Según fuentes consultadas, “la empresa que ejecuta la Calle Calvario fue formada por el alcalde y su cúpula para esta obra”. Las personas que, presuntamente, habrían sido proveedores simultáneamente o tendrían vínculos con la gestión municipal, son: Luis Serenarse, Alex Pérez, Néstor Murguía, Julver Suni, Juan Delgado Laccacta (alcalde).
La información abre líneas de investigación sobre una posible red de proveedores vinculados entre sí y cercanos a la administración municipal.
ANTECEDENTES
Una denuncia previa presentada ante autoridades locales ya había expuesto que la empresa USAKY E.I.R.L., cuyo representante legal es Jenny Champi Huancachoque, registró contratos con la municipalidad en 2023, 2024 y 2025.
Champi Huancachoque es cónyuge de Zenón Usaqui Zenovia, jefe de la Unidad Formuladora, según información de SUNAT.
ANTECEDENTES EXPUESTOS.
Documentos de Transparencia Económica muestran que ambos —empresa y funcionario— percibieron ingresos el mismo año, lo que generó cuestionamientos sobre posible conflicto de intereses.
¿MODUS OPERANDI?
Los principales hallazgos que se desprenden de la revisión documentaria son obras con incrementos significativos de presupuesto; contrataciones a empresas registradas recientemente o con gerencias cambiadas poco antes de la adjudicación; participación de personas del entorno municipal como proveedores en varios servicios; coincidencias entre funciones públicas y vínculos familiares en empresas proveedoras.
Si bien ninguna de estas situaciones constituye por sí sola una irregularidad penal, conjuntamente conforman un patrón que amerita revisión por los órganos de control. La ciudadanía de Caylloma ha expresado preocupación por el manejo de obras y contrataciones públicas, solicitando mayor transparencia en la ejecución de proyectos y en la relación entre proveedores y funcionarios
Fuente Perú21
