La Fiscalía Anticorrupción ejecutó un operativo de allanamiento en ocho viviendas ubicadas en las provincias de Huamanga y Huanta, en la región Ayacucho. Las diligencias se desarrollan en el marco de una investigación preliminar por el presunto delito de colusión agravada en agravio del Estado, vinculado a contrataciones del programa AGRO RURAL, entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
Los inmuebles intervenidos se encuentran en los distritos de San Juan Bautista, Jesús Nazareno, Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, además de otras propiedades en zonas urbanas de Huamanga y Huanta. La acción fiscal alcanzaría a presuntos funcionarios y empresarios involucrados en acuerdos irregulares para favorecer contrataciones públicas vinculadas al abastecimiento y servicios destinados al sector agrario.
AGRO RURAL administra recursos públicos destinados a obras hídricas, infraestructura de riego, almacenamiento de agua mediante qochas y asistencia a pequeños productores rurales. Cualquier irregularidad en el manejo de estas partidas afecta directamente a comunidades campesinas e indígenas en regiones altoandinas, donde la actividad agrícola es vital para la economía familiar y la seguridad alimentaria.
Según la investigación, entre los comprendidos se encuentran Rudy Javier Mendoza Gonzales, jefe de la Unidad Zonal Ayacucho; Raúl Arístides Gil Galindo, administrador zonal; David Méndez Salvatierra, responsable de Adquisiciones y Contrataciones; y Percy Maldonado Zorrilla, responsable zonal Huanta–Huamanga. También figuran la representante legal de la empresa Azud Plast SAC, Raquel Mallqui Huamaní, y el proveedor José Cuba Huaytalla.
En los últimos años, programas agrarios han sido objeto de investigaciones en distintas regiones del país. En 2022, procesos fiscales abiertos en Lambayeque y Puno señalaron posibles sobrecostos y direccionamiento en la compra de fertilizantes, mientras que en Cusco se analizaron presuntas irregularidades en la construcción de reservorios de agua. Estos casos mantienen bajo observación pública el uso de fondos agrarios a nivel nacional.
Las autoridades buscan determinar si las contrataciones habrían sido direccionadas mediante acuerdos ilícitos que constituyan colusión agravada. Hasta el cierre de esta nota, no se informó de detenciones, pero la Fiscalía no descarta nuevas acciones en función de los elementos incautados durante el operativo.
Fuente Jornada
