El Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) hizo público un informe de auditoría. Aquí se expone graves irregularidades en las actividades de mantenimiento de infraestructura pública realizadas durante la gestión del gobernador regional Rohel Sánchez.
El documento 043-2025 y fechado el 21 de octubre, concluye que los responsables técnicos del programa de mantenimiento (RETAM) del año 2023 planificaron los servicios. Pero dividiendo las fichas técnicas en montos inferiores a 8 UITs. Esta estrategia habría tenido como finalidad eludir los procedimientos de selección que exige la normativa de contrataciones del Estado.
La Contraloría detalla que la Oficina de Logística y Patrimonio del GRA omitió alertar sobre esta práctica de fraccionamiento. Esta falta de supervisión habría facilitado la adjudicación de servicios a un grupo de empresas. Sus representantes legales mantendrían vínculos familiares con Alexander Pinto Pactara, funcionario señalado en el informe.
Las acciones descritas infringen la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y varias directivas internas del gobierno regional de Arequipa. La transgresión de estos marcos normativos ha generado un daño económico cuantificado en 208 mil 223 soles para las arcas regionales.
Involucrados en irregularidades en Arequipa
La investigación identifica a 16 trabajadores del GRA y a los representantes de diez empresas proveedoras como partícipes en los hechos observados. El órgano auditor ha formulado dos recomendaciones clave:
Solicitar al Órgano Instructor de la Contraloría General que inicie el procesamiento de los funcionarios y servidores públicos involucrados.
Remitir el caso a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para que evalúe y ejerza las acciones penales que correspondan.
Mediante oficio formal, se notificó al gobernador Rohel Sánchez sobre los hallazgos. Se precisó que, debido a la naturaleza de las irregularidades, el Gobierno Regional de Arequipa se encuentra impedido de realizar acciones de deslinde de responsabilidades sobre los mismos hechos y personas, quedando la investigación en manos de los órganos superiores de control.
Fuente El Búho
