El 24 de septiembre de este año una auditoría de la Contraloría advirtió que la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF), a cargo entonces de Ricardo Kanashiro Romero, modificó arbitrariamente las bases del concurso para la compra de 3,164 chalecos antibalas, afectando a la mayor parte de los proveedores y favoreciendo a otros.
Era una evidente manifestación de manipulación del proceso con el propósito de orientar la adquisición a beneficio de un proveedor, como informó en su momento La República.
En términos coloquiales, el proceso estaba “arreglado”, por decir lo menos.
La Contraloría detectó una gravísima anomalía, según la auditoría que efectuó: “Durante la absolución de consultas la OGAF modificó una de las condiciones previstas en las bases administrativas de la contratación internacional (…) con relación al plazo de fabricación de los chalecos antibalas al ser entregados por el postor ganador, motivando que las propuestas de 7 de 9 postores sean descartadas durante la evaluación de ofertas”.
Por modificar se entiende por cambiar, variar, manipular; en este caso, en favor de una compañía.
Una práctica conocida
“(Esta) situación estaría generado cuestionamientos al trato justo e igualitario y a la transparencia del procedimiento de selección, así como limitar a la entidad a la obtención de mayores ofertas”, informó la Contraloría con absoluta precisión.
“En otras palabras, lo que estaba diciendo la Contraloría es que el proceso había sido ‘arreglado’ para favorecer a una empresa ofertante, adecuando las bases del concurso para que encajara con el producto propuesto”, explicó una fuente del Ministerio del Interior con conocimiento del caso.
“Al respecto, es probable que la empresa que ha ganado el concurso ya tenía en almacenes un lote de chalecos antibalas. Por eso, la OGAF modificó los plazos de entrega. Mientras que las otras proveedoras, recién iban a confeccionar los chalecos antibalas luego de firmado el contrato”, indicó la fuente.
Poco tiempo después de la advertencia de la Contraloría, el ocho de octubre, el propio Ricardo Kanashiro suscribió contrato con la compañía Armor Life Lab, de México, por US$2,008,989 (alrededor de S/7,000,000), pese a que el Comité de Selección de la Séptima Región Policial de Lima desestimó por razones técnicas el modelo presentado por dicha empresa.
Ricardo Kanashiro, el cuestionado jefe de la OGAF nombrado por el exministro del Interior, Juan Santiváñez Antúnez, días después de contratar a Armor Life Lab presentó su carta de renuncia al cargo.
Retahíla de deficiencias
De acuerdo con las fuentes del Ministerio del Interior, el nuevo titular del sector, el general PNP (r) Tiburcio Vicente Orbezo, solicitó la dimisión de Kanashiro debido a una serie de cuestionamientos a la transparencia de los procesos de compra de chalecos antibalas, pistolas, tanquetas, rochabuses y hasta un avión para carga y pasajeros.
No es la primera vez que se habla de un proceso “arreglado” en el Ministerio del Interior.
El 13 de marzo de este año, el exministro Juan Santiváñez declaró nulo el contrato que ganó el Consorcio Armory Onix por US$2,3 millones por los 3.164 chalecos antibalas.
El argumento fue que la OGAF “descubrió” que el proveedor supuestamente presentó documentos que no corresponden a la información que se había solicitado. Por eso se convocó a nuevo concurso, que ahora ha salido a favor de Armor Life Lab, de México.
El consorcio al que le anularon el contrato, rechazó las afirmaciones del Ministerio del Interior. Ahora el caso se encuentra en proceso de arbitraje, que muy probablemente lo ganará el Consorcio Armory Onix al Ministerio del Interior.
La República consultó con el Mininter sobre el destino del contrato con Armor Life Lab, pero al cierre no emitió respuesta.
Fuente La República
