El Poder Judicial condenó a cinco exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Jaén (Cajamarca). Los implicados fueron hallados responsables de beneficiar a un consorcio en la ejecución de una obra vial en dicha provincia, valorizada en casi tres millones de soles, sin contar con los requisitos mínimos.
Según el Ministerio Público, la sentencia recae en Jorge Reinoso Jesús, exadministrador, quien fue condenado a cuatro años con ocho meses de pena privativa de la libertad efectiva como responsable del delito de negociación incompatible. Asimismo, Óscar Saavedra Vílchez, exjefe de Supervisión y Liquidaciones, fue sentenciado a cuatro años de cárcel efectiva.
Igualmente, se condenó a Edilberto Delgado Cubas, exjefe de la Unidad de Abastecimientos, a cuatro años de prisión convertidos a prestación de servicios a la comunidad. En último término, Alex René García Fernández y Wilson Cieza Tarrillo, director de Infraestructura y exjefe de Tesorería, respectivamente, obtuvieron cuatro años de prisión suspendida.
Investigación
Los fiscales Alejandro Requejo y Cinthia Pérez acreditaron que, en 2012, la Municipalidad Provincial de Jaén llevó a cabo el proceso de selección de la obra ‘Mejoramiento del camino vecinal Morro Solar – La Palma Central – Jaén – Cajamarca”, en cuya evaluación se advirtió que el Comité Especial integrado por García Fernández, Cieza Tarrillo y Delgado Cubas le otorgó la buena pro al consorcio a pesar de que no cumplió con los requerimientos técnicos mínimos.
Una vez que se le otorgó la buena pro al Consorcio Palma Central se suscribió el contrato, por un valor de S/ 2 920 114, para ser ejecutado en un plazo de 120 días calendarios. Luego de lo cual se cometieron irregularidades de parte de Saavedra Vílchez, García Fernández, Reinoso Jesús y Cieza Tarrillo; debido a que se tramitaron y dispuso el pago por adelantado de S/ 1 931 604 y la valorización del adicional de S/ 220.000.
Según los representantes del Ministerio Público, todo ello se realizó sin contar con el sustento técnico que acredite que la obra se encuentre ejecutada. Es decir, se le pagó el 100 % de la obra, cuando recién se había ejecutado el 33.85 % de la misma, lo cual ocasionó que no se ejecute conforme a lo establecido en el contrato y la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Los sentenciados deberán, además, cancelar S/ 100.000 de reparación civil y fueron inhabilitados para ejercer cualquier cargo público.
Fuente La República
