La empresa Center for Credibility Assessment S.A.C. (CCASS) emitió un comunicado en el que niega tajantemente haber realizado pruebas de polígrafo al personal del INPE, y rechaza cualquier insinuación de presunto favorecimiento en contrataciones con el Estado, luego de que el tema fuera incluido en un oficio enviado por el congresista Alfredo Azurín Loayza al presidente del Consejo de Ministros.
La controversia surge tras la difusión de una publicación periodística y la posterior acción parlamentaria que puso bajo escrutinio la forma en que se estarían ejecutando las evaluaciones de confiabilidad en el marco de la emergencia en Lima y Callao. CCASS respondió señalando que tales afirmaciones son “absolutamente falsas” y exigiendo una rectificación inmediata.
¿Qué motivó el oficio enviado a la PCM?
El congresista Alfredo Azurín, remitió un oficio formal al premier solicitando información sobre los criterios y procedimientos empleados para la contratación del servicio de poligrafía al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Azurín fundamenta su pedido en el Decreto Supremo N.° 124-2025-PCM, que declaró en emergencia Lima Metropolitana y Callao y habilitó medidas excepcionales en materia de seguridad pública. En ese contexto, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) fue autorizada a ejecutar acciones de evaluación de confiabilidad.
Sin embargo, el parlamentario advierte posibles irregularidades en la contratación de estos servicios y menciona directamente a la empresa Center for Credibility Assessement – CCASS.
CCASS: “Las afirmaciones difundidas son falsas y dañan nuestra reputación”
En respuesta, la empresa CCASS difundió un comunicado en el que desmiente categóricamente haber sido contratada para realizar polígrafo al INPE y considera inaceptable que se sugiera algún tipo de irregularidad.
“Nos hemos dedicado a trabajar con esfuerzo, transparencia e integridad (…) y expresamos nuestra profunda indignación ante estas afirmaciones infundadas que dañan injustamente nuestra imagen”, señala el pronunciamiento.
La empresa afirma que las acusaciones generan un perjuicio económico y reputacional y por ello exige que quienes difundieron dicha información procedan a una rectificación inmediata y clara, en el mismo formato en que se realizó la publicación original.
Además, CCASS subraya que no tiene competencia legal para realizar dichas evaluaciones al personal penitenciario.
Cabe precisar que desde el pasado 21 de noviembre personal del Instituto Nacional Penitenciario viene desarrollando las pruebas de polígrafo a su personal de las distintas áreas. Las pruebas de polígrafo están a cargo del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA).
En atención a lo señalado por la empresa Center for Credibility Assessment S.A.C. (CCASS), Caretas precisa que la información previamente difundida —y que tomaba como referencia publicaciones en redes sociales del congresista Alfredo Azurín— no se ajustaba a la verdad respecto a la supuesta participación de dicha empresa en la aplicación de pruebas de polígrafo al personal del INPE. En consecuencia, Caretas rectifica ese extremo y deja constancia de que CCASS no ha sido contratada ni ha ejecutado ese tipo de evaluaciones en el marco de la actual emergencia.
Fuente Caretas
